Avances, retos y deudas del Estado costarricense en el respeto de los derechos de las personas con discapacidad
- Costa Rica
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El Día Internacional de las Personas con Discapacidad es una oportunidad para reflexionar acerca del ejercicio de los Derechos Humanos de esta población. Precisamente ese fue el motivo por el cual la Organización de Naciones Unidas designó la fecha del 03 de diciembre.
Las personas con discapacidad cuentan con el reconocimiento de los mismos Derechos Humanos que el resto de la población, sin embargo, cotidianamente enfrentan una violación sistemática de éstos.
A pesar de los avances en materia jurídica tanto legislación nacional como internacional, por ejemplo, la Ley N° 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad o la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la realidad es que se requiere un esfuerzo estructural del país para garantizar su cumplimiento.
Y que por ejemplo, según la Encuesta Nacional Sobre Discapacidad (ENADIS 2018), existen brechas importantes entre personas con y sin discapacidad en el campo educativo.
Las personas con discapacidad tienen un porcentaje de primaria incompleta del 19,6% y las personas sin discapacidad del 10.0%. El ENADIS señala que de la población con discapacidad mayor de 18 años solamente el 9.5% recibe o ha recibido apoyos educativos. Asimismo hay brechas significativas en cuanto al derecho al trabajo.
Como consecuencia de lo anterior, no es sorpresa que las personas con discapacidad se encuentran ubicadas entre los sectores de la población con menos recursos económicos. De esta forma, “cerca del 53 % del total de las personas con discapacidad se ubican en los quintiles I y II, es decir, el 40 % de los hogares con menores ingresos agrupa alrededor de la mitad de la población con discapacidad, mientras que la población sin discapacidad agrupa alrededor del 37 % de las personas”, según la ENADIS.
Los desafíos que cuenta la sociedad costarricense para incorporar a las personas con discapacidad son grandes y entre ellos podemos mencionar que debe producirse una profunda transformación educativa dirigida a crear centros de enseñanza realmente inclusivos que brinden apoyos a cada estudiante conforme a sus necesidades.
“Esto generará una sinergia que permita a las personas con discapacidad estar mejor preparadas para el logro de trabajos que favorezca mejores condiciones de vida. Es también un desafío continuar el proceso de brindar accesibilidad al entorno físico, informativo, comunicativo, tecnológico, entre otros”, dijo Catalina Crespo, Defensora de los Habitantes.
La Defensoría de los Habitantes como Mecanismo Nacional de Supervisión de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuenta con el mandato de ejercer un control a fin de que el Sector Público cumpla la totalidad de la normativa tanto nacional como internacional en respeto de los derechos de las personas con discapacidad.
Oficina de Comunicación
Defensoría de los Habitantes