INFORME DEFENSORIAL Una radiografía del prejuicio: informe anual 2022 de derechos humanos de personas OSIGD-LGBTI y balance de la Política Pública Nacional 2019-2022 en Colombia
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La Defensoría del Pueblo reconoce la histórica discriminación y vulneración de derechos humanos hacia mujeres lesbianas, hombres gais, personas bisexuales, mujeres transgénero, hombres transgénero y personas con identidades no binarias, que les confiere lugares de mayor riesgo, exclusión y marginalidad en la sociedad colombiana para el pleno ejercicio de sus derechos.
Por esta razón, en concordancia con las facultades contenidas en Ley 24 de 1992, con los diagnósticos de alcance general sobre situaciones económicas, sociales, culturales, jurídicas y políticas realizados, en las cuales se puedan encontrar las personas frente al Estado, con la atribución de hacer recomendaciones y observaciones a las autoridades y a los particulares en caso de amenaza o violación a los derechos humanos y para velar por su promoción y ejercicio (Ley 24 de 1992, 1992), la sociedad y el Estado, en donde se han acentuado y han adquirido a lo largo del tiempo manifestaciones particulares y dinámicas concretas, presentamos el informe Una radiografía del prejuicio: informe anual 2022 de derechos humanos de personas OSIGD-LGBTI y balance de la Política Pública Nacional 2019-2022 en Colombia.
Los actos de discriminación y violencias por prejuicio contra las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas (en adelante personas OSIGD-LGBTI) se encuentran instalados en la familia, la escuela, las comunidades, la sociedad y el Estado, en donde se han acentuado y adquirido a lo largo del tiempo manifestaciones particulares y dinámicas concretas de limitación de sus derechos en todos los ámbitos, sin que para la protección de sus vidas se exprese preocupación y acción institucional efectiva que mitigue estas situaciones; todo lo contrario, la legitimación y naturalización de las violencias por prejuicio invisibilizan sus impactos diferenciales y restringen sus derechos humanos a la interpretación y autorización de lo que social y políticamente en algunos territorios se puede ser y hacer (Defensoría del Pueblo, 2019).
La Política Pública Nacional LGBTI fue establecida a través del Decreto 762 de 2018, y en ella tuvieron lugar dos tutelas acompañadas por la Entidad en contra del Ministerio del Interior: Tutela 2018-00118- 00, expedida en junio de 2020 en favor de la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Transgénero (GAAT), y Tutela N.° 11001–31–07–012-2022–00164– 00, impuesta en junio del 2022, cuyo accionante fue la Veeduría Ciudadana para la PPNLGBTI.
El escaso seguimiento del Plan de Acción de dicha Política da cuenta del limitado interés por cumplir con este mandato y por salvaguardar los derechos hacia esta población por parte de la anterior administración del Gobierno.
Cabe resaltar que este documento ha sido posible gracias al trabajo del equipo territorial y nacional de la Defensoría Delegada para los Derechos de las Mujeres y los Asuntos de Género y su trabajo articulado con organizaciones de la sociedad civil en el territorio.