La Defensoría del Pueblo, a través de un Pronunciamiento, recordó al Estado su responsabilidad de cumplir el ‘Acuerdo de Escazú’, en la transparencia y acceso a la información, en todas sus instancias dependientes, sobre todo en el cuidado de los derechos humanos en asuntos medio ambientales, materializando así la convivencia armónica y pacífica con la Madre Tierra.

De manera concreta, el documento señala que se realiza el seguimiento al tratamiento del Proyecto de Ley (PL) 036/2023-2024 “Aprobación de diecinueve (19) contratos administrativos mineros suscritos por la Dirección Departamental de La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) con Cooperativas Mineras”, de las cuales, se solicitó la respectiva información a las instancias competentes. 

El pronunciamiento defensorial advierte que, las respuestas otorgadas a las solicitudes enviadas a la Asamblea Legislativa Plurinacional no cuentan con los informes técnicos del PL, motivo por el que, se considera “fundamental la necesidad de una Auditoría Ambiental de Línea de Base (ALBA)”, en caso de que estas áreas fueran explotadas previamente o que estuviesen dentro de las restricciones establecidas en el art. 93.III incisos. a) y c) de la Ley 535. 

Asimismo, la Defensoría del Pueblo remarca la “necesidad de la aplicación de la Consulta Previa”, siendo este instrumento, un derecho reconocido a nivel del bloque de constitucionalidad como lo establece la Constitución Política del Estado (CPE) y el Convenio 169 de la OIT. 

Finalmente, la Defensoría del Pueblo reitera la importancia de que la sociedad boliviana, así como la institución defensorial, tenga acceso a la información de los procesos de consulta previa que -vinculados a los 19 contratos administrativos mineros- se pretende aprobar mediante el PL.

Cabe remarcar que, el Estado Plurinacional de Bolivia, ratificó el ‘Acuerdo de Escazú’, el 3 de junio de 2019, y, que, en ese marco, la Defensoría del Pueblo, interviene de manera preventiva en todos aquellos casos que puedan vulnerar los derechos humanos en asuntos ambientales, haciendo hincapié en el Acceso a la Información Ambiental, como el derecho a pedir información que todas las personas tienen en relación a asuntos ambientales y desarrollo sostenible.