El Defensor del Pueblo, Pedro Francisco Callisaya Aro presentó este martes el Informe Defensorial “Sueños Interrumpidos”, el cual analiza la vulneración de derechos de niñas y adolescentes mujeres, emergentes de los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas (MUITF) y del embarazo infantil forzado (EIF) en Bolivia, la cual fue desarrollada durante la gestión 2023.

En la investigación defensorial, se evidenció que, desde la gestión 2014 a septiembre del 2023, el Estado boliviano registró 4.804 matrimonios de adolescentes mujeres de 16 y 17 años, de los cuales, el 38% son de adolescentes de 16 años y el 62% de adolescentes de 17 años.

Del análisis de los datos proporcionados por el Servicio de Registro Cívico (SERECI), se constató la existencia de 487 matrimonios de niñas de 12 años y adolescentes de 13, 14 y 15 años, posterior a la promulgación de la Ley N.° 603, la cual establece que la edad mínima para contraer matrimonio en Bolivia es a los 16 años.

En relación a los EIF, conforme los datos del Ministerio de Salud y Deportes, desde la gestión 2015 a septiembre del 2023 se registró 458.246 embarazos en niñas y adolescentes mujeres, evidenciándose una clara tendencia de disminución del embarazo en niñas y adolescentes mujeres a nivel nacional, la cual llega al 57% en relación a los datos registrados desde el 2015 al 2022.

De la información proporcionada por el Ministerio de Salud, se evidenció que en 16 municipios a nivel nacional existe un alto porcentaje de embarazos de niñas y adolescentes mujeres de 10 a 19 años, superior al 35% del total de embarazos registrados en cada municipio durante la gestión 2022. 

Respecto a los registros de embarazos de niñas de 10 a 14 años a nivel nacional, se identificó 10 municipios donde se habría registrado más de 35 embarazos en la gestión 2022, entre las que se encuentran cinco (5) municipios del área rural: Riberalta, Montero, Guayaramerín, San Borja y San Ignacio de Velasco.

En particular, es alarmante que el municipio de Riberalta ocupe el tercer lugar a nivel nacional con 79 casos, por detrás de Santa Cruz (428) y Trinidad (144), así como los registros del municipio de San Javier (Beni) en el cual los embarazos de niñas de 10 a 14 años representan el 40% del total de embarazos a nivel municipal.

Además, se realizó un cruce de datos tomando en cuenta el registro de embarazos y los casos de violación de niñas y adolescentes registrados por el Ministerio Público, con el objetivo de identificar municipios en los cuales –y con gran probabilidad– los embarazos sean producto de una violación sexual. Los resultados apuntan a nueve municipios que superan el 20% de probabilidad en cuanto a los embarazos de niñas o adolescentes como producto de una violación: Guanay (46.81%), Portachuelo (40.98%), Cuatro Cañadas (37.04%), Monteagudo (29.03%), Chimoré (27.78%), Caranavi (22.88%), Viacha (22.68%), Punata (22.33%) y Yapacaní (21.46%).

Ante esta situación, la institución defensorial realizó recomendaciones a diferentes instituciones nacionales, entre las que destacan: incidir para que los gobiernos autónomos municipales identificados con un índice superior al 16.5% de embarazos en niñas y adolescentes realicen la reasignación de presupuestos para la disminución de estos índices como una medida vinculada con el cumplimiento del art. 23.III del Código Niña, Niño y Adolescente; fortalecer la atención en los servicios de salud en los municipios que registran mayor cantidad de embarazo de niñas de 10 a 14 años, además de orientar sobre el acceso a la interrupción legal del embarazo, y derogar el artículo 139.II y III y artículo 170 del Código de las Familias y del Proceso Familiar.