La Defensoría del Pueblo y el Comando General de la Policía Boliviana Nacional firmaron, hoy, un convenio interinstitucional destinado a la capacitación del personal policial en el ejercicio y vigencia de los Derechos Humanos. 

Mediante el acuerdo, ambas instituciones se comprometieron a “unificar esfuerzos orientados a desarrollar acciones de difusión, promoción, asistencia técnica y capacitación al personal de la Policía Boliviana Nacional para el ejercicio y vigencia de los Derechos Humanos. Además, se fortalecerán las capacidades operativas de la institución del orden con una perspectiva de género, de protección y respeto de los Derechos Humanos. 

“Hemos visto un cambio de actitud de la institución del orden desde que tomó posesión el comandante Jhonny Aguilera. Entre 2019 y 2020, teníamos que implorar a la Policía ante el ataque de grupos paraestatales, pero ahora podemos sentarnos en la misma mesa”, dijo la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, en el acto de rúbrica del acuerdo.

También subrayó que este convenio permitirá “contar con efectivos policiales con una sensibilización más aguda en términos de derechos humanos”, e invitó al Comandante de esa institución a evaluar le evolución de las denuncias en contra de la institución del orden de aquí a un año, después de las capacitaciones.  

La Defensora explicó que el convenio se aplicará a todas las áreas y unidades de la Policía Boliviana Nacional, donde tenga tuición el Comando General, con actividades académicas y de promoción de derechos humanos.

Los compromisos específicos del acuerdo son: Capacitación específica en Derechos Humanos,  orientada al trabajo operativo de cada unidad o área; y promoción y difusión de Derechos Humanos, dirigida a la elaboración y difusión de productos y espacios comunicacionales dentro de la institución policial, así como para la comunidad en general. Y asistencia técnica destinada a la elaboración de procedimientos, protocolos e investigaciones sobre el cumplimiento de los derechos humanos por parte de la institución del verde olivo y para el fortalecimiento de las capacidades operativas de esta entidad policial.  

La Defensoría del Pueblo, durante la gestión 2020, registró un total de 800 denuncias contra la Policía Boliviana: 202 relacionadas a la integridad personal, 157 a garantías del debido proceso y acceso a la justicia, 71 al derecho a exigir responsabilidad sobre los actos de la administración pública, 59 a petición y respuesta, y 57 sobre libertad y seguridad. 

En relación a la conducta denunciada, se contabilizaron 42 denuncias por violencia física, 39 por violencia psicológica, 34 por practicar detención arbitraria e ilegal, 32 por incumplir con el deber del Estado de investigar y sancionar adecuadamente a los autores y participes de un delito, 30 por realizar o permitir actos o faltas contra el debido funcionamiento de la administración pública, y 30 por no responder o responder una petición fuera de los plazos legales. 

Estas cifras demuestran que algunos servidores de la Policía vulneran los derechos  humanos por acción u omisión, permiten identificar denuncias por hechos de violencia con afectación física y psicológica a las víctimas, y revelan falencias en el ejercicio y cumplimiento en las funciones y atribuciones policiales.