La Defensoría del Pueblo iniciará un proceso de información y sensibilización dirigido a las nuevas autoridades subnacionales, elegidas recientemente, para definir acciones conjuntas para prevenir y disminuir los altos índices de embarazos adolescente en el país, principalmente en el 78% de los municipios del país que muestran cifras alarmantes sobre esta problemática.

“Estas acciones defensoriales responden a una situación crítica y preocupante que existe en el país, donde alarma que alrededor de 266 municipios en Bolivia, que representan el 78% del total, superan el índice nacional de embarazos adolescentes”, manifestó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, quien anunció que en mayo se comenzará a gestionar reuniones y la conformación de mesas de trabajo para definir acciones concretas y campaña de difusión e información.

Datos del Ministerio de Salud y Deportes señalan que en la gestión 2020, de 339 municipios en los nueve departamentos del país, 266, más del 78%, presentan un índice superior al índice nacional que es del 17%, sobre embarazos en niñas y adolescentes de 10 a 19 años, respecto al total de embarazos registrados el pasado año en los controles prenatales en mujeres de todas las edades que sumaron 234.133.

“Los registros del Ministerio de Salud muestran que de los 234.133 controles prenatales realizados a mujeres de todas las edades, 39.516 corresponden a niñas y adolescentes de 10 a 19 años, que representa el 17% que es el porcentaje establecido como índice por esta cartera para la gestión 2020”, precisó la Defensora.

Cruz manifestó que es urgente trabajar en la disminución del índice de embarazos adolescentes en el país porque es una forma de vulnerar sus derechos. Las adolescentes menores de 16 años corren un riesgo de defunción materna cuatro veces más alto que las mujeres de 20 a 30 años y la tasa de mortalidad de sus neonatos es aproximadamente un 50% superior, según información de la OMS. 

Asimismo, respecto a educación, trabajo y desarrollo en general, esta población se ve obligada a asumir muchas responsabilidades de manera anticipada y prematura, teniendo limitaciones en todos los ámbitos de la vida y enfrentando discriminación, estigmatización y exclusión, lo que incide en el goce pleno de su vida, salud, desarrollo y sus derechos.

“Si bien es evidente que estas cifras se han reducido en los últimos años, los datos siguen siendo preocupantes, porque el embarazo en las niñas y adolescentes representa un estado de mayor vulnerabilidad, afecta el proyecto de vida de la mujer, que ya enfrenta condiciones de desigualdad en esta sociedad”, manifestó la Defensora.

En el mundo existen 41 partos por cada 1000 adolescentes de 15 a 19 años, en América Latina y el Caribe hay 61 partos por cada 1000 adolescentes en los mismos rangos de edad, mientras que en Bolivia esta tasa de natalidad es ampliamente superada con 71 partos por  cada 1000 adolescentes de 15 a  19 años, según datos de la UNFPA. 

Estas cifras preocupan aún más a la Defensoría del Pueblo frente a las debilidades encontradas  en el seguimiento realizado al cumplimiento del Plan Plurinacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes y Jóvenes 2015–2020, que definía tareas para las instituciones en los diferentes niveles de gobierno, central, departamental y municipal; y en los desafíos sobre el diseño de la nueva política pública sobre esta problemática, observación que fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes. 

Cruz indicó que es urgente tratar un enfoque diferenciado en el ámbito de niñez que asegure objetivos específicos para esta población, así como garantizar mecanismos de coordinación entre el nivel nacional y los niveles subnacionales para la efectiva implementación de la política pública, reforzar las acciones de monitoreo y evaluación, así como impulsar un marco regulatorio sobre derechos sexuales y reproductivos que garantice la disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad y aceptabilidad de estos derechos humanos para todas las personas en el territorio nacional y, en específico, para niñas, niños y adolescentes, en el marco de las recomendaciones internacionales, como las contenidas en el Examen Periódico Universal de 2019. 

La institución defensorial también identificó la urgente necesidad de dar plena vigencia al Artículo 23 de la Ley 548 Código Niña, Niño y Adolescente que permitirá incidir de manera específica en la reducción de embarazo adolescente en los municipios que superan el índice nacional antes descrito.