El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) está por cumplir trece años desde que comenzó a funcionar en Chile. Es una organización todavía muy joven. A pesar de ello su labor se ha encontrado con una serie de desafíos que han puesto a prueba sus capacidades. En su aún corta vida ha actuado siguiendo fielmente los Principios de París.

El crimen organizado, las demandas de un desarrollo acelerado y fenómenos sociales como la migración han puesto a las autoridades ante un dilema en el que regularmente se inclinan por soluciones irreflexivas, que devienen en una afectación de los derechos de las personas. No sólo los civiles y políticos. De modo progresivo los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales enfrentan un cerco, trazado por las urgencias de la industria.

La crisis social de octubre de 2019 expuso, de manera brusca, que no son muchas las cosas que podemos dar por garantizadas. En ese momento, hace ya casi cuatro años, planteábamos cuán urgente era contar con leyes para regular el uso de la fuerza. Eso no sólo no ha ocurrido. Hemos visto recientes indicios de que puede haber retrocesos y caer en una situación desmejorada.

Sin embargo, en este escenario adverso, el INDH ha persistido en su trabajo. El sistema penitenciario, que era un mundo totalmente abandonado, ahora se ha convertido en tema de preocupación para las autoridades, como lo acreditan los recursos judiciales presentados por el instituto que han sido acogidos por los tribunales.

Hacia adelante nos esperan pruebas que sin duda demandarán de nosotros una mayor preparación y, sobre todo, una mayor capacidad para insistir en que los derechos de las personas no pueden perder su lugar de privilegio.

Consuelo Contreras Largo.
Directora del Instituto de Derechos Humanos de Chile.