“El desarrollo de la actividad minera, cuando no están presentes los controles y salvaguardas necesarios, ocasiona graves impactos sociales y ambientales, así como vulneraciones de los derechos humanos, lo que redunda en persistentes y profundos conflictos socioambientales”.
Con la finalidad de implementar el debido acceso a la justicia en tema ambiental, personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos -PDH- de Guatemala, con el apoyo de Justice Education Society -JES-, sostuvieron en un intercambio con la Defensoría del Pueblo sobre las experiencias en la ratificación del acuerdo de Escazú en Panamá y el acceso a la justicia.
La norma contraviene el monopolio del uso de la fuerza del Estado en seguridad ciudadana y afecta derechos de los pueblos indígenas.
Tras anuncio del Congreso de la República sobre incorporar cambios a la norma, es necesario consultar a las comunidades y convocar especialistas.
Sergio Micco asistió a reunión telemática donde se dio a conocer el documento, en cuya elaboración participó la oficina regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos junto a otras entidades presentes en la región y que abordan el tema migratorio.
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