Uruguay debe poner fin a décadas de impunidad por violaciones a los derechos humanos, intensificando los esfuerzos para buscar a las personas desaparecidas y para llevar a los perpetradores ante la justicia, dijo una delegación del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias al final de su visita oficial al país.
Dicho pacto dará continuidad a las acciones que viene desarrollando el Ombudsman nacional con la OCDE para la promoción de estándares, instrumentos y herramientas para el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas. Acompañaron el encuentro Germán Zarama, Analista de Políticas y Punto Focal Regional para América Latina y el Caribe sobre Conducta Empresarial Responsable de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y Mariana Grosso, jefa del Área de Usuarios y Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo de la Nación y Coordinadora del Programa de Empresas y Derechos Humanos.
Se estima que, en Honduras, más del 90% de los delitos contra la integridad física y la vida de las personas se mantiene impune por falta de investigación y otras causas.
“El desarrollo de la actividad minera, cuando no están presentes los controles y salvaguardas necesarios, ocasiona graves impactos sociales y ambientales, así como vulneraciones de los derechos humanos, lo que redunda en persistentes y profundos conflictos socioambientales”.
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