Frente a la situación de polarización e incertidumbre que vive el país, y estando aún a la espera de los resultados definitivos de las elecciones generales de segunda vuelta, la Defensoría del Pueblo reitera a la ciudadanía, las organizaciones políticas y las entidades del sistema electoral, lo siguiente:

1. Subrayamos nuestra confianza en las instituciones del sistema electoral, únicas instancias en las que se cuentan los votos y se resuelven las impugnaciones, observaciones y solicitudes de nulidad. Culminado el acto de sufragio del 6 de junio pasado, nuestra institución señaló que debían aguardarse con serenidad las decisiones de los jurados electorales especiales y del Jurado Nacional de Elecciones[1], cuyos procedimientos legales apegados a la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos, garantizan la administración de justicia electoral en última y definitiva instancia. Resoluciones que deberán expresar la máxima motivación jurídica posible sobre los aspectos que resulten controvertidos.
2. La Defensoría del Pueblo ha rechazado, en su oportunidad, los actos de hostilización que vienen sufriendo el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales[2]. El derecho a la protesta debe ejercerse en armonía con otros derechos; y, en ningún caso, este es compatible con actos de perturbación de la tranquilidad en los domicilios. Hemos hecho un llamado a la intervención del Ministerio Publico y la Policía Nacional del Perú y venimos supervisando el cumplimiento de sus funciones.
3. Del mismo modo hemos condenado la peligrosa campaña de persecución desplegada en las redes sociales en contra de ciudadanas y ciudadanos[3]. Los mensajes de odio difundidos y la incitación a la violencia ponen en riesgo su integridad y su vida por lo que corresponde otorgarles las garantías previstas en la ley. El uso de calificativos que atentan contra el honor personal no está cubierto por el derecho a la libertad de expresión.
4. Afirmamos de manera categórica que, durante la supervisión electoral realizada por nuestra institución, a lo largo del proceso electoral no se ha advertido de parte de las autoridades electorales ningún intento de alterar la voluntad popular. El concepto jurídico de “fraude” está referido a hechos presuntamente ocurridos en las mesas de votación y cuya dilucidación está, como lo hemos señalado, en manos de la autoridad electoral.
5. Finalmente, rechazamos todo discurso o acto que suponga el desconocimiento de los resultados electorales que habrá de anunciar oficial y oportunamente la autoridad electoral; y de cualquier intento de afectar el orden constitucional. La democracia es un valor muy preciado y es nuestro deber defenderla en todo momento y circunstancia. La sucesión democrática del poder debe darse dentro de los procedimientos legales y constitucionales previstos.

La Defensoría del Pueblo invoca a ambas candidaturas, dirigentes, militantes y simpatizantes de Perú Libre y Fuerza Popular a guardar la calma y evitar actos de provocación o de violencia.

[1] https://www.defensoria.gob.pe/elecciones-2021-toda-denuncia-debe-seguir-los-procedimientos-legales/

[2] https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1404546303481241601

[3] https://twitter.com/defensoria_peru/status/1404158569059074053?s=24