Al conmemorarse hoy el Día Internacional del Orgullo, la Defensoría del Pueblo exhorta a las próximas autoridades del Ejecutivo y del Congreso a discutir las iniciativas legislativas sobre matrimonio igualitario, identidad de género y la prohibición de terapias de reconversión, respecto de las cuales la institución ha emitido opinión favorable y aún no han sido sometidas a aprobación.

En 2018, la Defensoría del Pueblo publicó el informe de adjuntía 007-2018-DP/ADHPD, “A dos años del Informe Defensorial n.º 175. Estado actual de los derechos de las personas LGBTI”, en el que se dio cuenta de la grave situación de vulnerabilidad frente a la violencia y la discriminación en que se encontraba este colectivo conformado no solo por adultos sino también por niños, niñas y adolescentes; sobre estos últimos, el Comité de Derechos del Niño ha resaltado que se encuentran en situación de vulnerabilidad potencial. Basta señalar, que, en el 2018 una supervisión nacional a más de mil colegios de educación básica regular y 318 centros de educación básica alternativa, identificó que solo la mitad de docentes responsables de la convivencia escolar sin violencia conocía el concepto LGBTI. 

A la fecha, pese a los esfuerzos desplegados por diversos sectores del Estado y de la sociedad civil, los derechos de las personas LGBTI en el país no ha mejorado pues persisten estereotipos y prejuicios vinculados a la orientación sexual de las personas, así como a su identidad y/o expresión de género que constituyen los principales motivos de discriminación.

Las cifras oficiales disponibles confirman lo antes señalado. Así por ejemplo, el sistema especializado en reporte de casos sobre violencia escolar (Siseve) del Ministerio de Educación, advierte que el 11 % (23) de los 202 casos registrados en los primeros cinco meses de este año fueron por motivos de orientación sexual.

En el ámbito de la justicia, debe añadirse a este panorama la insuficiente implementación de un registro de denuncias e investigaciones fiscales y procesos judiciales que involucren delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, así como de discriminación, en agravio de personas LGBTI. Asimismo, el Perú no cuenta aún con un procedimiento que permita la adecuación de los registros civiles y de identidad para las personas trans, tal como ha sido considerado en la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional y como ha sido recomendado por la Defensoría del Pueblo en el marco de los estándares internacionales establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A todo este contexto se suma la ausencia de protocolos diferenciados en materia de salud sexual y reproductiva para personas LGBTI y la aún incipiente implementación de la Norma Técnica de Salud de Atención Integral de la Población Trans Femenina para la Prevención y Control de las Infecciones de Transmisión Sexual y el VIH/Sida que, si bien ha tenido algunos avances, no deja de ser una medida enfocada básicamente en la atención y prevención del VIH y de las enfermedades de transmisión sexual, lo que de alguna manera refuerza prejuicios sobre esta población.

Ante ello, y estando a pocas semanas del inicio de un nuevo periodo congresal, desde la Defensoría del Pueblo se insiste en la necesidad de que la defensa de los derechos de la población LGBTI forme parte de la agenda a ser tratada por las y los próximos legisladores, a fin de contar con políticas públicas eficaces de protección en todos los ámbitos. Asimismo, como institución encargada de velar por los derechos de la ciudadanía, la institución ratifica su compromiso de seguir trabajando para contribuir a garantizar el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI, en condiciones de igualdad y no discriminación.