Que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición.

• Que nuestros países son signatarios de la totalidad de convenciones e instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos universales y regionales.
• Que la gobernanza de la migración internacional puede entenderse como un proceso en el que el marco conjunto de normas jurídicas y estructuras orgánicas regulan y determinan el actuar de los Estados en respuesta a la movilidad humana internacional, al abordar derechos y obligaciones y
fomentar la cooperación internacional.
• Que, desde hace varios años, la región Andina, especialmente Colombia, Ecuador y Perú registran una verdadera crisis humanitaria que llama la atención de la comunidad internacional, producto de la migración voluntaria y/o forzosa de personas con origen venezolano que buscan un asentamiento temporal o permanente en nuestros países.
• Que nuestras naciones enfrentan un escenario sanitario crítico, debido a la pandemia mundial del coronavirus (COVID-19), lo que obliga a nuestras comunidades, a la adopción de medidas para evitar los contagios masivos y mitigar su propagación, sin embargo, la inobservancia de medidas preventivas, protocolos sanitarios y de distanciamiento social, han puesto en gran predicamento a la población en situación de vulnerabilidad, quienes no cuentan con los recursos económicos ni las condiciones necesarias para precautelar su salud y la de sus entornos familiares, entre los que se identifican grupos de atención prioritario.
• Que en las últimas semanas, ante la persistencia del cierre de las fronteras, el colectivo en movilidad humana de nacionalidad venezolana, ha visto aumentar los riesgos asociados a la migración irregular en nuestros territorios, con el auge de expresiones de intolerancia, manifestaciones de xenofobia, aporofobia que estigmatiza y criminaliza a las personas en situación de migración, a lo que se suma el despliegue desproporcionado de la fuerza pública en la frontera entre Ecuador y Perú.
• Que existen a nivel mundial y nacional, ejemplos de políticas públicas positivas que han favorecido la integración de la comunidad migrante y refugiada en una lógica de desarrollo local con enfoque de derechos humanos.

LAS INDH DE ECUADOR, COLOMBIA Y PERÚ, RESUELVEN:

• Exhortar a las autoridades nacionales de Ecuador, Colombia y Perú, para que adopten de forma clara, eficiente y oportuna medidas contingentes de apoyo humanitario en favor de personas en situación de movilidad humana en sus respectivos territorios, así como fomentar la construcción de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, que permitan la integración efectiva y empática de quienes, a pesar de sus circunstancias, optan por asentarse temporal o permanentemente en nuestros países.
• Instar a los gobiernos nacionales de Ecuador, Colombia y Perú, a observar las normas universales y regionales de derechos humanos teniendo como premisa la dignidad humana de las personas migrantes y con necesidad de protección internacional, así como las poblaciones de acogida, toda vez
que a nuestras naciones las une un vinculo histórico social y cultural común, que surge de nuestros orígenes y se refleja en los principios sobre los cuales se están edificando nuestros sistemas constitucionales, especialmente en el respeto por la dignidad humana, por lo cual debemos requerir sensibilidad y empatía con nuestros hermanos en condición de vulnerabilidad.
• Requerir a los gobiernos de Ecuador y Perú a no desplegar en forma desproporcionada personal y equipo militar y policial, como medida para desalentar el desplazamiento de personas en movilidad internacional en la frontera común, así como evitar actos que promuevan su rechazo en la población de acogida.

• Exhortar a las autoridades nacionales a impulsar procesos de regularización migratoria excepcional y accesibles para otorgar un estatus temporal o permanente a quienes enfrentan dentro de nuestros países, condiciones frágiles y limitantes para su supervivencia, junto con la homologación de estas políticas a nivel subregional, en virtud de las circunstancias que vive Venezuela como estado de origen de la diáspora.
• Promover acciones conjuntas con los estamentos de la sociedad civil, entidades publicas y organizaciones de cooperación internacional, para llevar campañas de sensibilización sobre la problemática de la migración y sus protagonistas y en el mismo sentido cultivar una verdadera cultura de paz y de derechos humanos, para lo cual comprometemos nuestro contingente como INDHs a fin de construir mesas de trabajo local y regional que faciliten el objetivo.