Las graves inconductas y delitos revelados en el proceso de pruebas de la vacuna Sinopharm no deben colocar en riesgo la vida y salud de nuestra población. El proceso de vacunación debe retomarse e impulsarse bajo reglas y procedimientos que aseguren la máxima transparencia y control, tanto en la compra de vacunas como en su distribución y aplicación. 

La salida de funcionarios del Ministerio de Salud, Ministerio de Relaciones Exteriores y de otras instituciones, debido a sus vinculaciones con el uso irregular de vacunas no debe entorpecer su adquisición y distribución. Las negociaciones pendientes con diferentes laboratorios deben concluirse, suscribiéndose los contratos que aseguren protección para toda la población. No es admisible que durante tres días el lote de estos productos haya permanecido inmovilizado.

Los funcionarios públicos que han sido favorecidos de forma ilegal con la aplicación de vacunas deben ser sancionados ejemplarmente, luego de ser sometidos a procesos disciplinarios. Dichos procesos deben desarrollarse con la máxima transparencia, informándose de forma permanente a la ciudadanía qué dependencias tienen a su cargo las investigaciones y su grado de avance. En el mismo sentido, corresponde al Ministerio Público desarrollar investigaciones penales de la manera más diligente, debiendo comunicar de forma regular sobre el desarrollo de las mismas.

Las investigaciones no deben distraer, la lucha que el Estado y el país en su conjunto desarrollan contra la pandemia, lo cual implica mitigar sus efectos, priorizando aquellos afectan la alimentación, la economía de las familias y, desde luego las atenciones de salud. Por ello, exigimos que se asegure la distribución de alimentos, se entreguen rápidamente los bonos y se evite la escasez de camas UCI y oxígeno medicinal.

En línea con lo anterior, cabe subrayar que la atención y mitigación de los daños provocados por la pandemia no solo corresponde al Ministerio de Salud. También tienen un rol preponderante en él otros sectores públicos, entre ellos el Ministerio de Producción. A esta institución le corresponde evitar la falta del oxígeno medicinal y respiradores mecánicos. No es posible que, luego de un año de iniciada la pandemia, el Estado no haya logrado garantizar el abastecimiento de oxígeno, producto que resulta imprescindible en el actual contexto y de cara a una tercera ola de contagios que afrontaremos este año.

Se reitera que, en tanto no culmine el proceso de vacunación, se requiere una activa participación de la ciudadanía expresada en el uso correcto de la mascarilla y en el respeto del distanciamiento físico.

La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su mandato constitucional, continuará supervisando el proceso de vacunación y todas las acciones estatales relacionadas con el combate del COVID-19. Es el compromiso institucional a fin de contribuir a garantizar el derecho a la salud y vida de las personas.