La Defensoría del Pueblo y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) presentaron los resultados de la supervisión a 109 establecimientos de salud de primer y segundo nivel de atención ubicados en las regiones Amazonas, Cajamarca, Callao, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura, San Martín y Ucayali.

El informe sobre la “Supervisión de la atención integral en niñas y adolescentes embarazadas producto de violación sexual en establecimientos de salud” comprende los principales hallazgos en 70 establecimientos de salud (EE. SS.) del primer nivel y 39 del segundo nivel, entre los que resaltan que en el 71 % de los EE. SS. del primer nivel y en el 49 % del segundo nivel se desconoce la existencia de la guía técnica de aborto terapéutico. Asimismo, que el personal del 75 % de los establecimientos se autocapacitó.

De otro lado, se da cuenta que el 87 % de los establecimientos de salud de segundo nivel no cuenta con personal que hable la lengua predominante. Se advirtió, también, que el 38% deriva la atención de embarazos a otros, mientras que en el 15 % no se informa a las niñas y adolescentes embarazadas sobre su derecho a la evaluación integral. Solo un establecimiento cuenta con salas de atención y hospitalización ginecológicas adecuadas para niñas y adolescentes.

La presentación del informe contó con la participación de la primera adjunta de la Defensoría del Pueblo, Eugenia Fernán-Zegarra, quien resaltó que el informe representa el primer documento defensorial sobre esta problemática y su realización era impostergable, ya que la gestación temprana constituye un alto riesgo para la vida, la salud física y mental de las niñas y adolescentes víctimas de violación sexual, así como de deserción escolar que afecta sus proyectos de vida. “La gestación temprana constituye un estado de vulneración a sus derechos fundamentales que, incluso, ha sido catalogada como tortura por el relator especial de Naciones Unidas en esta materia”, enfatizó.

Por su parte, el representante del UNFPA, Hugo González, manifestó que existe una situación urgente por atender en la protección de los derechos de las niñas y adolescentes, situación que se ha visto agravada por la pandemia, ya que las maternidades en niñas menores de 10 años se triplicaron con respecto a lo ocurrido antes de la crisis sanitaria. “Cada día, en promedio, 16 niñas menores de 15 años fueron abusadas sexualmente durante el 2020 de acuerdo a cifras documentadas. Aproximadamente el 70 % de los casos de violencia no se denunciaron”, recalcó.

Seguidamente, la adjunta para la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, Matilde Cobeña, advirtió que es imprescindible que el Ministerio de Salud asegure el cumplimiento de lo estipulado por la Guía de estandarización del aborto terapéutico, el mismo que debe entenderse como un procedimiento más del paquete prestacional del sistema de salud. “Resulta necesario capacitar al personal de salud respecto de su obligación de entregar información veraz a las niñas y adolescentes sobre su derecho a ser evaluadas integralmente para determinar si califican o no para un aborto terapéutico con un lenguaje claro y sencillo”, precisó.

Tras presentar el informe, la Defensoría del Pueblo y el UNFPA exhortaron a las distintas instituciones comprometidas en el tema a garantizar la atención integral de la salud de toda niña o adolescente víctima de violación sexual, en respeto de sus derechos fundamentales y en consideración de su interés superior y el principio de no revictimización.

Puede ver el informe sobre la ““Supervisión de la atención integral en niñas y adolescentes embarazadas producto de violación sexual en establecimientos de salud” en el siguiente enlace: Clic aquí