La Defensoría del Pueblo exhortó al Poder Ejecutivo a agilizar las gestiones que permitan el cierre de las que impiden la cobertura de Internet en todo el país. En ese sentido, se exhortó a la actual administración a solucionar el problema de la subutilización de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica y la demora en la ejecución de los proyectos regionales de banda ancha, para los cuales se ha previsto una inversión de 1800 millones de dólares desde el año 2015, todo lo cual dejará sentadas las bases para una adecuada cobertura digital a nivel nacional.

Como se sabe, la pandemia del COVID-19 motivó un cambio radical en la educación, que pasó a desarrollarse bajo la modalidad a distancia. Sin embargo, ello ha destapado una serie de brechas que son recogidas en el informe “Acceso sostenible al internet y a las tecnologías: Experiencias y tareas pendientes en el sector Educación en el estado de emergencia nacional”, elaborado por la Defensoría del Pueblo y cuya presentación coincide con las actividades como parte del Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información.

Si bien se reconocen los esfuerzos realizados por el Ministerio de Educación para la adquisición de tablets, cargadores solares y servicio de internet, se ha evidenciado la falta de políticas articuladas ya que solo se han adquirido 1 056 430 tablets pese a que el propio sector identificó a más de 3,5 millones de estudiantes de educación básica que debían ser beneficiarios. Del mismo modo, se ha estimado un déficit de 511 229 cargadores solares, pues solo han adquirido 203 084 unidades pese a que se había proyectado el reparto de 648 169 tablets en localidades sin electricidad. De otro lado, se han destinado 66 140 cargadores solares a zonas que sí contarían con electricidad.

En cuanto al internet, se adquirieron tan solo 494 720 planes, quedando 561 710 tablets sin servicio, que representa más del 53 %. La supervisión permitió detectar también que los planes se habrían asignado de manera poco eficiente, ya que 3943 chips se han destinado a zonas sin cobertura y se han repartido 4430 tablets sin chips a zonas que sí cuentan con cobertura.

Por otra parte, la Defensoría del Pueblo llama la atención al problema de falta de cobertura y acceso al internet. Por ello, se recomendó al Congreso aprobar, en segunda legislatura, el reconocimiento del derecho al internet. Asimismo, se instó a la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) impulsar la aprobación de la Política Nacional de Banda Ancha y Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), cuyo proyecto ha sido publicado hace más de tres años.

Asimismo, se da cuenta de los problemas de escasa cobertura de internet en el país, lo que dificulta el acceso a la educación remota y semipresencial, para cuya solución se requiere de una intervención articulada de sectores como la PCM y los ministerios de Educación, Transportes y Comunicaciones; y  Energía y Minas, así como de las universidades públicas, a fin de contar con una plataforma de información confiable que permita diagnosticar las brechas de conectividad y planificar soluciones para el corto y mediano plazo.

“Es necesario que se concreten los objetivos del plan bicentenario y de la estrategia nacional de las tecnologías digitales en la educación básica 2016 -2021, cuyo estado actual está muy lejos de las metas planificadas inicialmente”, sostiene la adjunta de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Lissette Vásquez.

La representante de entidad añadió que es fundamental ampliar de cobertura tecnológica para generar un acceso más inclusivo al internet y las tecnologías de la información, en concordancia con el objetivo 9 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible.