La Defensoría del Pueblo ha advertido sobre el aumento significativo de la mortalidad materna en el Perú durante el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19, lo cual se debe a distintos factores, entre los cuales se encuentran algunos problemas en la capacidad resolutiva de los servicios de salud. En ese sentido, se ha instado al Ministerio de Salud (Minsa) a mantener un trabajo articulado en todos los niveles del Estado, nacional, regional y local, para prevenir y reducir esta problemática.

La mortalidad materna es un problema de salud pública que afecta los derechos humanos y el desarrollo de las gestantes, por lo que es necesario que se les preste servicios de salud de calidad. Esta situación puede ser prevenida con una atención adecuada y oportuna antes, durante y después del parto, pero la emergencia por el COVID-19 las ha puesto en un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad.

Así, según cifras del Minsa, hasta la semana 17 del 2021 (1 de mayo), fallecieron 195 gestantes, principalmente en los departamentos de Lima, Loreto, La Libertad y Cajamarca. Además, de acuerdo con la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP), se ha observado un aumento significativo desde el 2019: en el 2020, se produjeron 440 muertes, 45,7 % más que el año anterior; a su vez, hasta la semana 13 del 2021 (03 de abril), ya se contaban 135 muertes, 69,5 % más que el mismo periodo del año 2020.

Cabe resaltar que, entre el 2019 y 2020, 8 departamentos concentraron el 60 % de las muertes maternas: Lima Metropolitana, Loreto, Ucayali, Lambayeque, La Libertad, Junín, Cusco y Piura. Asimismo, dos de las principales causas directas de las muertes fueron los trastornos hipertensivos y la hemorragia (15,8 % y 19,3 %, respectivamente en el 2021), situaciones que pueden ser prevenidas mediante una atención adecuada. En el caso de las muertes por el COVID-19, aparecen como causa indirecta y representan un 36 % de los casos (primera en la lista de causas).

Esta situación es heterogénea de acuerdo con la realidad de desigualdad en la capacidad de respuesta de los establecimientos de salud en cada región, más aún en un contexto en que los hospitales se encuentran saturados por la atención de la pandemia. La MCLCP advirtió que el 74,5 % de muertes en el 2020 ocurrieron en establecimientos de salud y, hasta la semana 13 del 2021, el porcentaje ascendió a un 83,5 %.

Esta situación ya había sido advertida por la Defensoría del Pueblo desde el año pasado, en el cual se realizó un informe que recomendó, entre otros puntos, determinar los establecimientos especializados en maternidad, especialmente en regiones con alta incidencia de COVID-19; identificar y difundir los signos de alarma en la gestación para descongestionar los hospitales de mayor nivel de complejidad; y establecer mecanismos de monitoreo de las directivas sanitarias.

En ese sentido, resaltamos el avance del Minsa en cuanto a la aprobación, el 3 de abril de 2021, de una nueva directiva sanitaria para los servicios de salud sexual y reproductiva, que toma en cuenta nuestras recomendaciones. Este documento establece disposiciones para un papel activo de los actores sociales junto con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) para el seguimiento de usuarios/as, además de fortalecer las teleconsultas y las visitas domiciliarias.

De otro lado, se establece la identificación de factores de riesgo maternos y perinatales para la atención prenatal vía presencial o remota; una evaluación obstétrica permanente para gestantes o puérperas con sospecha clínica o contacto epidemiológico con COVID-19; y una atención del puerperio que enfatice en los beneficios de la lactancia materna y en la no presencia del virus en la leche materna. Además, conmina a los establecimientos de salud a detectar violencia en las atenciones puerperales.

La Defensoría del Pueblo reconoce estos avances; sin embargo, hace hincapié en la necesidad de reforzar las medidas y adoptar nuevas estrategias para prevenir y reducir la mortalidad materna en nuestro país, teniendo en cuenta el enfoque interseccional al brindar los servicios. Ello se posibilitará a través de acciones interinstitucionales en todos niveles nacionales, regionales y locales, además de una participación activa de la ciudadanía.