La Defensoría del Pueblo fue invitada, por la Sección de Instituciones y Mecanismos Regionales de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a participar en la 53.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, con el fin de realizar una declaración durante la adopción del Informe Final del Examen Periódico Universal (EPU) realizado al Perú.

Es necesario recordar que la Defensoría del Pueblo colabora desde el primer EPU (2008), como institución nacional acreditada para brindar un balance real sobre la situación de los derechos humanos en el país. En ese sentido, en 2022, se remitió oportunamente el “Informe de la Defensoría del Perú para el Cuarto Ciclo del EPU”[1], en el cual se destacó la aprobación de la Política Nacional del Pueblo Afroperuanos al 2030, y otras políticas dirigidas a combatir la desigualdad de género y violencia, como la Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes.

No obstante, el documento defensorial también se enfocó en demostrar los retos pendientes para el Perú, como la necesidad de contar con una legislación que prohíba y sancione efectivamente la discriminación. Asimismo, se destacó la prioridad de adoptar y aplicar aquellos mecanismos dirigidos a proteger a las personas defensoras de derechos humanos y, por otro lado, el impulsar la obtención de datos estadísticos y aplicación de protocolos en casos de violencia contra las personas LGBTI.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo resalta la importancia de que el Perú siga cooperando con el desarrollo del EPU e inicie el proceso de implementación de las recomendaciones que ha aceptado. En esa línea, la institución prestará especial atención hacia las recomendaciones que aún no se implementan en Perú, como las referidas a la ratificación del Acuerdo de Escazú o la derogación de la Ley n.° 31498, Ley que impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos en el Perú, principalmente.

Finalmente, es necesario expresar que la declaración de la institución está orientada a sumar esfuerzos para combatir la discriminación y violencia contra los grupos de especial protección, así como también, garantizar una adecuada infraestructura y asignación presupuestaria, de la mano con el respeto de la autonomía, independencia y marco de competencia de las instituciones nacionales dedicadas a la protección de los derechos humanos y el respeto del Estado de derecho constitucional.

[1] https://www.defensoria.gob.pe/informes/informe-de-la-defensoria-del-pueblo-del-peru-para-el-cuarto-ciclo-del-examen-periodico-universal/