El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, formuló un llamado a las autoridades del Estado a atender con urgencia las demandas de los pueblos indígenas, de modo tal que se pueda asegurar el acceso oportuno de este sector de la población peruana a servicios básicos como salud, educación, justicia, agua y desagüe, entre otros.

El titular de la Defensoría del Pueblo se pronunció así durante la inauguración del encuentro de intercambio sobre justicia intercultural con el gobierno de Canadá, donde dio a conocer que la institución trabaja en la elaboración de una agenda que contendrá los puntos más importantes vinculados a la vulneración de derechos de las comunidades indígenas, a fin de que sean atendidos de manera prioritaria.

«El Estado peruano siempre ha tenido a los pueblos indígenas como aliados pero no ha hecho nada por ellos; y es por esta razón por la que hemos visto como el narcotráfico y la minería ilegal han avanzado en zonas de nuestra Amazonía, originando que muchos compatriotas indígenas ofrenden sus vidas o sufran la envestida de quienes han devastado nuestros bosques», sostuvo Gutiérrez, quien dio a conocer que, por ello, este año tendrá lugar la primera cumbre de pueblos indígenas en el Perú.

«Venimos trabajando para reunir, en setiembre próximo, a más de mil representantes de las 55 etnias que existen en nuestro país, tanto de la zona amazónica como de las comunidades quechua y aimara, así como de países cercanos como Brasil, Bolivia y Ecuador, pues la idea es intercambiar experiencias y proponer iniciativas legislativas dirigidas a que el Estado pueda atender las demandas de acceso a distintos derechos”, precisó.

Cabe indicar que dicho anuncio fue dirigido al encabezar la reunión de trabajo que se desarrolló con representantes del Ministerio de Justicia de Canadá, para el intercambio de experiencias en torno a la implementación de un modelo de justicia intercultural más inclusivo y adecuado a la realidad cultural de los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país.

En este espacio de intercambio de culturas, el titular de la entidad señaló la necesidad de que el Estado direccione sus esfuerzos a la prevención, como política prioritaria de Estado, para evitar la afectación de derechos humanos. Asimismo, exigió el máximo respeto al derecho a la vida y a la integridad de las niñas y mujeres indígenas, en todo ámbito.

El evento reunió a representantes de los programas de Pueblos Indígenas y de Personas Privadas de la Libertad  de la Defensoría del Pueblo, y del Ministerio de Justicia de Canadá, así como a fiscales especializados en derechos humanos e interculturalidad del Ministerio Público y a líderes y lideresas de más de 10 organizaciones indígenas, quienes intercambiaron experiencias dirigidas a generar recomendaciones concretas para avanzar hacia sistemas de justicia más inclusivos y sensibles a las realidades de los pueblos originarios.