“En estos tiempos, nuestras instituciones son más necesarias que nunca para garantizar el justo balance en el ejercicio del poder público, a través del cumplimiento de nuestra función de constituir un contrapeso ciudadano que moldea y caracteriza al Sistema Democrático”, así de enfática es la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, al referirse a la labor que ejercen las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en los países democráticos.

La Defensoría de los Habitantes sostiene que las acciones adoptadas por el sector monetario y financiero, en materia de acceso y costo del crédito para hogares y pequeñas y medianas empresas, con la finalidad de mitigar los efectos de la crisis económica debida al covid-19, y contribuir con la reactivación económica; no están logrando una solución de corto plazo; por tanto, es posible que se requieran medidas de mayor profundidad y alcance para reducir la tensión financiera sobre los hogares y las pymes endeudadas.

La Defensoría de los Habitantes, mediante oficio DH-0736-2021, fechado el 28 de mayo del presente año, declinó toda participación en el Plan Gubernamental denominado: “Política Nacional Anticorrupción”, que pretende aglutinar, en un mismo eje programático, a entes del Poder Ejecutivo con entes del Poder Legislativo (Contraloría General de la República y Defensoría) y órganos jurisdiccionales del Poder Judicial (Fiscalía de la República) en una estrategia conjunta de trabajo.