Costa Rica viene atravesando por circunstancias críticas desde hace varios años, principalmente en materia de seguridad, educación, salud y atención de la pobreza, que genera un riesgo alto para el respeto de los derechos de la población.
Defensoría de los Habitantes
Nuestra misión, es proteger a las habitantes y los habitantes frente a las acciones y omisiones del Sector Público, mediante un control de legalidad, justicia y ética por medio de la prevención, defensa, promoción y divulgación de sus derechos e intereses. Nuestra visión, ser una institución dinámica y fortalecida; accesible y regionalizada, con legitimidad e incidencia en todo el país; eficiente en la utilización de las herramientas del ordenamiento jurídico; innovadora de sus estrategias de intervención para que sean acordes a la realidad nacional; contribuyendo así al mejoramiento de la gestión del sector público y a la calidad de vida de las habitantes y los habitantes. |
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Notas publicadas |
Costa Rica viene atravesando por circunstancias críticas desde hace varios años, principalmente en materia de seguridad, educación, salud y atención de la pobreza, que genera un riesgo alto para el respeto de los derechos de la población.
Las intervenciones realizadas por la Defensoría de los Habitantes dan señales de alerta sobre los retos que el Estado costarricense deberá afrontar en el año 2024 para garantizar la promoción y defensa de los Derechos Humanos de la población, particularmente por la complejización de graves problemáticas en materia de seguridad ciudadana, salud, educación y discriminación.
La Defensoría de los Habitantes, en colaboración con el Programa Estado de la Nación y la Universidad Estatal a Distancia (UNED), realizará un ciclo de conversatorios denominado: "Gobiernos locales, derechos humanos y territorios en Costa Rica".
El 29 de junio del 2021, la Asamblea Legislativa aprobó la “Ley para prevenir la revictimización y garantizar los derechos de las personas menores de edad en el sistema educativo costarricense”, Ley N° 9.999, el cual busca evitar prácticas que revictimizan a personas menores de edad contrarias a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en el régimen disciplinario del sistema educativo.
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