La Defensoría de los Habitantes sostiene que las acciones adoptadas por el sector monetario y financiero, en materia de acceso y costo del crédito para hogares y pequeñas y medianas empresas, con la finalidad de mitigar los efectos de la crisis económica debida al covid-19, y contribuir con la reactivación económica; no están logrando una solución de corto plazo; por tanto, es posible que se requieran medidas de mayor profundidad y alcance para reducir la tensión financiera sobre los hogares y las pymes endeudadas.

Para la Defensoría, es necesario una revisión de la normativa financiera a efectos de diseñar nuevos instrumentos de crédito que incrementen la flexibilidad en el financiamiento de los hogares y las pymes en condiciones más acordes con una economía en recesión.

Considera este ente defensor que existe un exceso de requisitos para el acceso formal al crédito, cálculo restrictivo de la capacidad de pago de los solicitantes de dichos créditos y exceso de garantías exigibles, ya que aparte de las fiduciarias e hipotecarias, ahora los banco exigen la suscripción de un seguro (con lo cual se sobre garantiza el crédito y se encarece el pago mensual de las cuotas en perjuicio del deudor); y, por otra parte, el disponible de la cartera de préstamos asignados a los bancos terminó siendo usada para la compra de Bonos del Estado, con lo cual los fondos no llegaron a sus destinatarios finales. A éstas conclusiones llegó la Defensoría después de identificar las acciones que las autoridades monetarias han ejecutado, sin llegar nunca a reducir el costo, mejorar el acceso, ni mucho menos facilitar las condiciones del crédito para los hogares y las pequeñas y medianas empresas (pymes) lo cual se transforma en un factor de riesgo ante la crisis económica pre-existente; y que se agravó por la pandemia del COVID-19.

A estas conclusiones llegó la institución, luego de haber consultado a las autoridades sobre las acciones inmediatas que se están ejecutando, y al Banco Central y específicamente a la banca comercial pública sobre los planes, programas y proyectos que realizan a efectos de facilitar el crédito en el corto y mediano plazo; como contribución a la reactivación económica.

En el primer caso, las respuestas a las consultas realizadas a las autoridades reguladoras del mercado monetario y del dinero (Banco Central, CONASSIF y SUGEF) evidencian que se tomaron acciones concretas, de muy corto plazo. Sin embargo, la Defensoría observó que las medidas aplicadas en esa oportunidad tenían un carácter temporal, especialmente en cuanto a las facilidades de crédito y no necesariamente brindaban una reducción de la carga financiera de los hogares y pymes en el mediano y largo plazo. Según la información recibida, para alivianar la carga financiera, los intermediarios financieros trasladaron a períodos futuros, los pagos por los créditos y/o optaron por sumar al principal las cuotas que no se pagaron en los primeros meses de confinamiento ó se procedió a capitalizar la diferencia entre la cuota normal y la reducida.

Por tanto, a excepción de la baja en la tasa de interés, en la documentación recibida no se evidenciaron acciones tendentes a reestructurar de forma significativa las deudas del sector privado (hogares y pymes), para reducir la carga financiera en el mediano y largo plazo en procura de reactivar la demanda interna de la economía.

En cuanto al aumento de la liquidez que realizó el Banco Central a mediados del 2020, al reducir el encaje mínimo legal para liberar alrededor de 395 mil millones de colones, llama la atención de la Defensoría que el ente emisor indique que: “esos fondos fueron en su mayoría mantenidos en instrumentos financieros del Banco Central, principalmente bajo la figura de depósitos en el M.I.L.”.

Otra medida importante, tomada por el Banco Central en setiembre de 2020 fue poner a disposición de los intermediarios financieros, supervisados por la SUGEF, una facilidad especial de crédito por un monto máximo de 700 mil millones de colones (equivalente al 2% del PIB) con un plazo de 4 años a una tasa de interés de 0,8%. Según indicó el Banco Central, la intención es que esos recursos se canalicen al sector privado en condiciones favorables para ayudar a mitigar el impacto de la pandemia sobre la producción y el empleo y apoyar el proceso de recuperación económica. No obstante, en este caso, los recursos serán desembolsados contra un plan de uso que presenten las entidades financieras al Banco Central.

En la segunda etapa de consultas, la Defensoría solicitó al Banco Central una ampliación del informe rendido en el oficio PRE 0099/2020 del 23 de octubre de 2020, consultando sobre las medidas que impulsa el ente emisor para reducir la carga financiera del endeudamiento de los hogares y pymes en el mediano y largo plazo, con la finalidad de restituir su capacidad adquisitiva y reactivar el consumo y la inversión privadas (demanda interna); además sobre las acciones que puede tomar para que los recursos financieros que pone a disposición en el sistema financiero se utilicen para inversión real y crédito productivo; y no sean reinvertidos en instrumentos financieros del mismo Banco Central o en títulos de propiedad del Ministerio de Hacienda. Además se consultó si el Banco Central puede dictar directrices a la banca comercial pública a efectos de que ésta coloque los recursos que inyecta el Banco Central en el sector productivo nacional, en especial en las micro y pymes.

En su respuesta, el Banco Central enfatiza en la reducción de la tasa de la política monetaria la cual se llevó al mínimo de 0,75%, indicando que ese ajuste implicó rebajas en las tasas de interés activas en el sistema financiero en alivio del flujo de caja de los hogares y pymes; así como en la facilidad de crédito ampliada para los intermediarios financieros supervisados por la SUGEF. En este caso, señaló que los recursos ascendieron a 842 887 millones de colones y su acceso quedó condicionado a la aprobación de planes de uso de los recursos.

Finalmente, el Banco Central sostuvo que, en términos generales, no puede dictar directrices a la banca comercial ni la pública ni la privada, sobre el uso de los recursos que inyecta al mercado de liquidez.

Por otra parte, en cuanto a la consulta a la banca comercial pública (BNCR, BCR y BPDC), relativa a los planes, programas y proyectos para mejorar el acceso al crédito y reducir su costo, en beneficio de las pymes y los hogares, como medidas de recuperación o reactivación de la economía; los diferentes bancos enumeraron diferentes programas de financiamiento cuyas características generales establecen arreglos de pagos, moratorias, refinanciamiento de deudas, prórrogas de pagos de amortización, readecuaciones que involucran ampliaciones de plazos y modificaciones en las formas de pago. Asimismo, programas de créditos para capital de trabajo, rebajas en tasas de interés para tarjetas de crédito, colocación de fondos del sistema de banca para el desarrollo, capacitaciones y educación financiera para clientes bancarios, facilidades de préstamos para vivienda, entre otros aspectos.

En cuanto a la utilización de la disponibilidad de la facilidad de crédito ampliada, abierta por el Banco Central, los tres bancos del Estado consultados indicaron que están haciendo uso de la misma, para lo cual han presentado al Banco Central sus planes de utilización de los recursos. Finalmente, sobre la mayor liquidez inducida por el ente emisor y canalizada hacia instrumentos del Banco Central y Hacienda, la explicación para este proceder, en general, se achaca a la menor demanda de crédito por parte del sector privado, la cual se explica por las expectativas negativas sobre la situación económica.

Catalina Crespo, Defensora de los Habitantes, señalo que “La Defensoría critica la lentitud burocrática con la que el sistema bancario nacional ha reaccionado a efectos de facilitar los créditos que la economía necesita para reactivarse” y urgió al Presidente de la República para que a través de su liderazgo se superen las trabas que hoy alejan a la gente del crédito.