La Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, criticó al sector tecnológico del Gobierno por su lentitud en resolver y atender, en tiempos de Pandemia, los problemas de conectividad que afectan el desarrollo del país y las oportunidades de trabajo y educación de la gente; en especial, por no haber contrarrestado la odiosa diferenciación social que se acrecienta y se ha agravado por medio del distanciamiento entre personas y regiones del país provocado por la creciente brecha digital; ensañándose ésta con los sectores más pobres y vulnerables agravando las condiciones de fragilidad de miles de personas.

La Defensoría reconoce que para las personas el acceso al internet, y por su vía, a las Redes Sociales, constituye una oportunidad de crecimiento multidimensional y exponencial en el plano del ejercicio de derechos para todas y todos los Seres Humanos; sin embargo, las tareas pendientes de conectividad, a cargo de FONATEL, han impedido erradicar las barreras que impiden el ejercicio de los derechos y libertades en estos nuevos escenarios digitales.

La Defensoría advierte al Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, que los problemas actuales de conectividad no solo han agravado la Brecha Digital, y con ello el distanciamiento ente quienes acceden al mundo tecnológico y quienes carecen de toda posibilidad para ello; sino también, comporta una debilidad democrática que se torna en el peor telón de fondo de cara a la celebración del Bicentenario de nuestra República.

Actualmente, las redes sociales constituyen canales de comunicación entre las personas, y de ellas para con los medios de comunicación, los agentes económicos y las instituciones de gobierno, todo lo cual exige una transformación en los instrumentos de reproducción de contenidos, formas interactivas construidas a partir de la inmediatez de la comunicación, nuevas formas de trabajo y de acceso a la información; y para las entidades de gobierno, la adopción de nuevos modelos de rendición de cuentas y de interacción entre el quehacer público y las personas usuarias de tales servicios.

La Defensoría critica el hecho de que si bien es cierto Costa Rica es uno de los países de América Latina que mayor reporta un uso intensivo de redes sociales, gracias a la penetración del Internet superior al 80%; la ausencia de conectividad en determinados segmentos territoriales y en determinados grupos sociales, constituye una señal de desigualdad digital que afecta el ejercicio de los derechos humanos en tales territorios y con respecto a determinadas poblaciones específicas.

Asimismo, es importante recordar que los Derechos Humanos no ceden en su protección y respeto en el entorno de las redes sociales. Muy por el contrario, las redes sociales pueden utilizarse como potenciadores para su protección. Por lo tanto, el Gobierno de la República, y muy especialmente FONATEL deben de adoptar políticas públicas para el ejercicio de los Derechos Humanos en el entorno digital. Ese es su obligación y ese es su deber.

En tiempos en que la jurisprudencia de la Sala Constitución ha determinado que el acceso a Internet es considerado como un Derecho Humano, la Defensoría de los Habitantes considera importante enfatizar que ésta una obligación gubernamental:

- Mejorar el acceso a Internet y la calidad del servicio, de forma tal que la accesibilidad y asequibilidad del servicio permita que existan cada vez haya menos personas excluidas del desarrollo digital.

- Desarrollar acciones tanto desde el sector educativo gubernamental, como privado, para procurar una educación digital que permita atender los riesgos derivados del uso de las redes sociales.

- Promover una cultura democrática digital donde las redes sociales sirvan como potenciadores del diálogo social, de conocer distintas ópticas de la realidad nacional, y construir a partir de la diversidad de la información, criterios que permitan fortalecer la democracia.

- Propiciar la generación de contenidos que permitan reflejar la diversidad propia de la sociedad costarricense, donde todos los grupos poblacionales, especialmente las poblaciones históricamente vulnerabilizadas encuentren en las redes sociales un canal de comunicación para manifestar sus opiniones, así como para contribuir en la reivindicación de derechos.

Para Catalina Crespo, Defensora de los Habitantes: “Resulta paradójico y contradictorio que el gobierno, pese a contar con los recursos financieros necesarios y que están cuantificados en cientos de millones de colones, permanezcan inmóviles mientras la necesidad social por digitalizar nuestro país y frenar el ensanchamiento de la brecha digital siguen sin atenderse”.