La Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, advierte que el colapso que presentan las celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en todas sus sedes, violenta los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.

Esta afirmación de la jerarca se da luego de recibir la preocupación de las autoridades del OIJ ya que, desde el inicio de la pandemia provocada por el COVID-19 ha venido presentando serios problemas de coordinación con el Ministerio de Justicia, debido a la imposibilidad de ese Ministerio de recibir personas detenidas (en el tiempo adecuado), a quienes las autoridades judiciales, han ordenado una medida privativa de libertad.

En un oficio, firmado por Flavio Quesada Sánchez, Secretario General a.i. O.I.J, se informa a la Defensoría que, al viernes 04 de junio de 2021, se registra un total de 204 personas detenidas pendientes de ingreso a un centro penal, de las cuales 136 tienen más de 72 horas de haberse ordenado su situación jurídica, tiempo máximo establecido por la Sala Constitucional. Entre las celdas del OIJ que ya superan su capacidad de aforo se encuentran la de Puntarenas, San Ramón, Heredia, Cartago y San José.

Preocupa a la Defensoría que según las autoridades del OIJ, esta situación se ha venido informando constantemente a diferentes instancias, debido a que la desatención de las órdenes jurisdiccionales en las que incurren las autoridades penitenciarias, provocan que se violenten los derechos fundamentales de esta población; ya que si bien las celdas reúnen las condiciones básicas para la permanencia temporal de personas; estamos en un momento en el que sobrepasar el aforo permitido representa un alto nivel de riesgo a su salud y vida.

Para la Defensoría resulta inaceptable que, pese a que la Sala Constitucional ha declarado con lugar recursos de hábeas corpus en favor de estas personas privadas de libertad, las autoridades del Ministerio de Justicia siguen haciendo caso omiso a las órdenes judiciales, violentando los derechos humanos de estas personas.

“La crisis sanitaria que vive el país urge de acciones extraordinarias y no es de recibo que las autoridades penitenciarias permanezcan inmóviles ante el colapso de las celdas del OIJ y lo que esto implica en el resguardo de la vida e integridad física de las personas privadas de libertad”, manifestó Catalina Crespo, Defensora de los Habitantes.