Defensoría cuestiona tardanza en la adopción de medidas urgentes en contra de la pandemia
- Costa Rica
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La Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, criticó la dilación de las acciones anunciadas por el Gobierno de la República, que implican que la Comisión Nacional de Emergencias aprobara un Plan de Inversión que permitirá a la Caja Costarricense del Seguro Social recurrir a los Hospitales privados para la atención de pacientes negativos por Covid-19, a efectos de centrar la atención de los Hospitales públicos en las personas afectadas por este virus.
La Defensoría de los Habitantes lamenta la tardanza en la adopción de ésta medida, ya que las Unidades de Cuidados intensivos alcanzaron sus niveles máximos de atención y es hasta un mes después que se reacciona con este tipo de respuestas que bien pudieron ser adoptadas con antelación.
Desde inicios de mes, la Defensoría había hecho una fuerte denuncia ante el incremento desmedido en los tiempos de espera que sufren los pacientes de otras enfermedades distintas al Covid-19; y que urgen de tratamientos médicos por los que llevan esperando meses y años.
El estado de la atención de las enfermedades distintas al Covid 19 ha encendido las luces rojas en el ente Defensor, ya que la situación en 2020 presenta un franco deterioro en comparación al año 2019, ampliándose el impacto negativo en los tiempos de espera de los servicios de salud más apremiantes y de mayor demanda, a causa del uso de los recursos médicos en la atención del evento pandémico.
La Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, recibió el informe requerido a las autoridades sanitarias, el cual encendió las alarmas por el recrudecimiento en los tiempos de espera, principalmente en los servicios de cirugías, siendo muchas de ellas de vida o muerte para los pacientes que esperan por tratamiento médico. Concretamente, los datos proporcionados por la CCSS, a diciembre del 2020, evidencian que la afectación se ha dado principalmente en las áreas de consulta externa, procedimientos y cirugías.
Con respecto a las cirugías, desde marzo al 31 de diciembre 2020, la merma en la prestación de este servicio médico ha sido dramática, ya que, en vez de realizarse 102 mil cirugías, lo cual era lo que se tenía proyectado; se realizaron solo 40. 590; es decir, se dejaron de realizar 61.536 cirugías, lo cual, en términos proporcionales, significa que se dejaron de hacer el 60% de las cirugías programadas; o lo que más preocupa a la Defensoría: que el 60% de las personas pacientes que estaban en listas de espera no pudieron acceder al servicio de cirugía en perjuicio de su vida y de integridad física y psicológica.
Asimismo, los tiempos de espera para cirugías también sufrieron un deterioro significativo, ya que se pasó de 341 días, en diciembre 2019; a un tiempo promedio de espera de 495 días, al cierre de 2020, es decir, aumentó el tiempo de espera por una cirugía en 154 días. Otro de los servicios contemplados en el Informe recibido por la Defensoría trata sobre la Consulta Externa, en este apartado las autoridades de la Caja acreditaron que el plazo de atención de los pacientes también se incrementó, pasando de 151 días, en diciembre 2019; a 157 días de espera, promedio, en diciembre 2020 (es decir, 6 días más). Sin embargo, el Informe también consigna que se dejaron de realizar 2.337.544 (dos millones trescientos treinta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro) citas en consulta externa, lo cual corresponde al 21% de las atenciones totales que debió haber brindado ese servicio de conformidad con las proyecciones del trabajo anual; es decir, el 21% de los pacientes no recibieron la atención médica correspondiente en Consulta Externa, desde marzo del 2020 hasta diciembre 2020.
Entre las especialidades médicas definidas como críticas en consulta externa, tanto por volumen de citas, como por la cantidad de días de espera de los usuarios para ser atendidos por el especialista, sobresale, como la especialidad más afectada, los servicios de Oftalmología: con una disminución en la atención de un 37% durante el año 2020, lo que significa un acumulado de 72 233 consultas no realizadas, seguida por Ortopedia, con un 26% de afectación y un acumulado de 41 352 consultas no realizadas. Otro punto de preocupación para la Defensoría está dado por la situación que enfrentan los procedimientos que brinda la CCSS, ya que en el año 2020 se dejaron de realizar 100.083 procedimientos respecto al año 2019, siendo en términos absolutos las mamografías y las gastroscopías (en un país de alta incidencia en cáncer detectables, precisamente, a través de tales procedimientos) las que presentan la mayor cantidad de procedimientos no realizados: 29.027 y 19.326 respectivamente. La Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo considera inaceptables estas condiciones de deterioro “para un país como Costa Rica que ha hecho del servicio nacional de salud su emblema y su estandarte”. Por lo tanto, la Defensoría continuará con las sesiones de trabajo con las autoridades de la CCSS y el Ministerio de Salud, a efectos de urgir la adopción de medidas extremas que contrarresten la lentitud de las acciones con que estas instituciones han afrontado la disminución en los tiempos de espera.
La Defensoría de los Habitantes también reconoce la contratación de cien médicos que vendrán a sumarse a los servicios que más requieren de su atención; sin embargo, no comprende las decisiones de orden administrativo y burocrático que impiden que 600 estudiantes de medicinas hagan su internado médico en áreas que requieren de ese mismo apoyo y atención. Lo cual parece indicar serios descuidos de orden estratégico en la atención general de los servicios de salud.
La apertura hace ya casi un mes para la importación de vacunas por parte de entes privados que aumenten las opciones y disposición de distintos tipos de vacunas a efectos de acelerar el proceso de vacunación al día de hoy, por barreras burocráticas aún persistentes, ha impedido que una sola vacuna haya llegado al país cuando vivimos el peor momento de la pandemia.
La Defensora fue enfática en señalar que: “La vida humana es inviolable y ese es el mandato ético y legal que nos debe unir a todas y todos los costarricenses para que, a través de nuestro mejor esfuerzo y de nuestro mayor compromiso, adoptemos con prontitud y de manera urgente las medidas público-privadas que aumenten la disposición de camas hospitalarias, la disposición de más vacunas y la incorporación de los 600 médicos que hoy claman por ayudar a nuestro sistema de salud”, dijo la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, PhD.