“Es fundamental eliminar las amenazas que hay sobre los bosques, páramos y selvas ”
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“En el Día Mundial del Agua hacemos un llamado a incrementar de manera urgente los esfuerzos de conservación de los ecosistemas estratégicos del país, así como luchar contra problemas que afectan nuestros recursos hídricos como la deforestación, la minería ilegal y la expansión de la frontera agrícola y ganadera”, expresó este lunes el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Para el 2019 había en Colombia 158.894 hectáreas deforestadas y de ellas, 98.256 hectáreas estaban en la Amazonía.
Y según la Encuesta de Calidad de Vida del 2019, más de dos millones de hogares no disponían de acueducto, de los cuales el 83 por ciento estaba en zonas rurales. Los departamentos con las coberturas más bajas en abastecimiento de agua son La Guajira, Guainía, Vaupés, San Andrés, Vichada, Amazonas, Chocó, Guaviare y Putumayo.
“Por eso creemos que los esfuerzos de conservación de las fuentes de agua deben contemplar tanto los aspectos técnicos, como la visión de las comunidades. Y es fundamental la generación de estrategias que permitan eliminar las amenazas que se ciernen sobre los páramos, bosques y las selvas del país”, agregó el Defensor Camargo Assis.
Además, explicó que las acciones deben partir de avanzar en el ordenamiento ambiental del territorio, el reconocimiento de la importancia de las fuentes de agua para los grupos étnicos y el refuerzo de los mecanismos de protección para defensoras y defensores de derechos colectivos y ambientales.
La Defensoría del Pueblo del Pueblo trabaja por la promoción y defensa del derecho fundamental al agua, reconocido por primera vez en 1977 por la Conferencia de Naciones Unidas sobre este recurso y por la Corte Constitucional Colombiana en diferentes pronunciamientos. Este derecho implica que nadie puede ser privado de la cantidad suficiente y de buena calidad de agua para satisfacer sus necesidades básicas y preservar la vida y la salud.
La Entidad continuará adelantando su misión constitucional de incidir en las políticas públicas, desde un enfoque del derecho al agua, para proteger a las comunidades más vulnerables y defender los ríos y otros ecosistemas sujetos de derechos.