La Defensoría del Pueblo llamó la atención sobre los graves riesgos a la vida, seguridad e integridad que enfrentan niños, niñas y adolescentes migrantes que transitan por Apartadó y Necoclí, en Antioquia, y el corregimiento de Capurganá, en Acandí, Chocó, en los límites entre Colombia y Panamá.

En los últimos meses se ha presentado el incremento de población transcontinental y del Caribe que usa el paso por la selva del Darién hacia Centro y Norteamérica. “Desde la Defensoría del Pueblo observamos en el mes de mayo la salida por Necoclí hacia el tapón del Darién de 169 niños y niñas de 0 a 12 años y de 41 adolescentes entre los 13 y 17 años”, dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

En el año anterior, según el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, Senafront, se presentó el cruce fronterizo de al menos 134.000 personas, de las que predominaba la presencia de grupos haitianos, la mayoría hombres, y unos 29.000 niños, niñas y adolescentes.

El Defensor del Pueblo resalta que el perfil migratorio ha cambiado. Mientras en 2021 predominaban los migrantes haitianos; para el 2022 la mayoría son provenientes de Venezuela, también viajando con niños, niñas y adolescentes.

Vale la pena mencionar que por falta de mecanismos oficiales hay un subregistro frente a la dinámica de movilidad humana y, en ese sentido, se sabe que persiste el flujo poblacional de personas haitianas, angoleños, senegaleses y de otras nacionalidades, pero tampoco se ha podido corroborar la cantidad exacta de personas.

La Defensoría del Pueblo y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) tienen identificadas varias situaciones especiales: 1) la mayor presencia de familias que viajan con niños, niñas y adolescentes, 2) debido a que tienen menor capacidad económica, los migrantes se ven obligados a permanecer en lugares de uso público y de calle, 3) deben estar más tiempo en Colombia, realizando actividades económicas informales que les permita reunir los recursos que requiere el viaje.

Adicionalmente, los niños, niñas y adolescentes nacidos en Colombia están en riesgo de apatridia con padres de nacionalidad distinta a la venezolana.

Se ha visto además un incremento de niñez no acompañada: desde UNICEF Panamá reportaron la llegada de 17 jóvenes no acompañados a su frontera, lo que afecta el tejido social en el territorio y vulnera los derechos humanos de la niñez, sujeto de especial protección por parte del Estado colombiano.

Este escenario, asegura Carlos Camargo, “los menores de edad están mucho más expuestos para ser instrumentalizados por parte de los grupos armados ilegales y las organizaciones criminarles, que buscan aprovecharse de esta situación y cometen reclutamiento, violencia sexual, explotación sexual, violencias basadas en género y trata de personas”.

A lo anterior se suman vacíos de protección para niños, niñas y adolescentes en los territorios; hay deficiente identificación de los menores no acompañados y separados. Resulta necesaria la articulación de información que permita establecer el destino y necesidades de los niños que pasan por la zona del Darién.

En el mismo sentido, la Defensoría del Pueblo considera que no existen mecanismos claros para verificación de parentesco, falta de sistemas de información pública con enfoque en niñez y debilidad en el registro en la entrada por la frontera entre Colombia y Ecuador, lo que aumenta las vulnerabilidades de los niños.

Desde la Defensoría del Pueblo se hace un llamado a las instituciones del orden nacional y departamental para fortalecer su presencia en las zonas fronterizas entre Colombia con Ecuador y Panamá, especialmente en los departamentos y municipios de la región del Urabá antioqueño y chocoano, para ejercer el control e impulsar estrategias, planes y programas que tiendan a la prevención y mitigación de las situaciones expuestas con anterioridad y que afectan a la niñez.

En este aspecto, “recomendamos la articulación armónica y solidaria entre todas las instituciones que hacen parte del Estado colombiano y en especial a las relacionadas con el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, hacia la construcción de entornos seguros para la niñez refugiada y migrante, junto con las comunidades de tránsito y acogida en nuestro país”, puntualizó el Defensor del Pueblo.