La Defensoría del Pueblo dio a conocer hoy, un cuerpo de 33 recomendaciones para evitar la violencia durante el ejercicio del derecho a la manifestación pública. Las recomendaciones son el resultado de 26 mesas de trabajo convocadas por el Defensor del Pueblo, en cumplimiento al fallo de la Corte Suprema de Justicia STC7641-2020, que ordena adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y no destructiva.

En dichas mesas participaron representantes de la sociedad civil como accionantes de la tutela, plataformas de Derechos Humanos, organizaciones no gubernamentales, academia, expertos constitucionalistas, entidades públicas y fuerza pública, entre otros.

Las 33 recomendaciones están dirigidas a la Policía Nacional, la Fiscalía, la Procuraduría, el Ministerio de Educación, el Gobierno Nacional y la propia Defensoría del Pueblo. Entre ellas está la implementación de herramientas tecnológicas como mecanismo de vigilancia y grabación dentro de las patrullas y medios de transporte. También cámaras de grabación en los cascos del ESMAD, con el fin de revisar la actuación policial antes y durante la protesta. E incluyen la institucionalización del uso de drones para que registren los hechos durante las intervenciones. También contemplan estas recomendaciones, la investigación y sanción a aquellos policías que violen el derecho de los ciudadanos a grabar con sus celulares los incidentes.

Por otra parte, les recuerdan a la Procuraduría, Fiscalía y a la Inspección General de la Policía Nacional, que la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, están prohibidos sin excepciones. Y se pide acelerar las investigaciones sobre los actos de violencia denunciados, exigiendo sanciones ejemplares para los motivadores. Al mismo tiempo la Defensoría recomienda mayor vigilancia y acompañamiento por parte del Ministerio Público en la revisión de los CAI y las Estaciones de Policía para verificar la legalidad de los procedimientos, el uso adecuado de los elementos del servicio y el respeto de los DD. HH. por parte de los integrantes de la Policía.

Otro tema de las recomendaciones dirigidas a la Policía, es la revisión del currículo académico de la Escuela de Formación en lo referente al derecho a las marchas y la capacitación a todo el personal en protocolos de actuación en manifestaciones públicas.

Otro resultado de las 26 mesas de trabajo convocadas por el Defensor del Pueblo, es que la Defensoría tendrá mayor presencia y acompañamiento durante las protestas pacíficas, al tiempo que liderará la creación de canales de comunicación con las plataformas de Derechos Humanos. La institución asume la obligación de articular con las autoridades regionales y locales, actividades de capacitación y pedagogía en Derechos Humanos, acompañamiento y manejo de disturbios a los integrantes de la Policía. Y esta tarea se hace extensiva a los ciudadanos, haciendo pedagogía sobre el ejercicio pacífico de las manifestaciones, en el marco de los deberes de respeto de los derechos de los demás.

La Defensoría del Pueblo adelantará campañas sobre los derechos de reunión y manifestación pública, al buen nombre y a la honra, y la prevención de cualquier forma de estigmatización de todos aquellos que participen en las manifestaciones, en particular de líderes y lideresas sociales. En especial, la Defensoria encontró que se hace necesario generar espacios de diálogo para fortalecer la confianza entre la ciudadanía y la institucionalidad y para ello trabajará a nivel nacional y regional con socios estratégicos para tal fin. Ademas, Defensoría, Procuraduría y Personería coordinarán el acompañamiento de los participantes en las manifestaciones públicas.

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