La Defensoría del Pueblo y UNICEF, a través de un Memorándum de Entendimiento, suscrito este lunes, acordaron la implementación de acciones para la atención integral de niñas, niños y adolescentes y sus familias, principalmente de aquellas que se encuentran en situación de movilidad humana y poder brindarles respuestas oportunas y efectivas basadas en el principio de la no discriminación.

“En este momento, cuando la población de niñez y adolescencia, en general, se ha visto afectada, una alianza con UNICEF resulta una gran oportunidad para poder llegar a esta población, para poder generar mejores posibilidades de fortalecimiento de capacidades técnicas, especialmente en entidades territoriales autónomas, por ello nuestro agradecimiento y la posiblidad que esto sea la puerta para un trabajo mucho más amplio entre UNICEF y la Defensoría del Pueblo”, manifestó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz. 

Manifestó que la población en movilidad humana ha sido identificada, tanto dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos como del Sistema Universal de Derechos Humanos como la de mayor preocupación por parte de los Estados, pero que sin embargo, se debe reconocer que en el Estado boliviano al igual que en otros de la región, se encuentra invisibilizada y con menores medidas de protección reforzada.

El representante de UNICEF en Bolivia, Rafael Ramírez, destacó la firma del Memorándum de Entendimiento que formaliza el trabajo que desde hace tiempo realizan de manera conjunta ambas instituciones y tendrá un énfasis especial en temas de movilidad humana y en el apoyo que requieren las poblaciones que se encuentran en esta situación que pasan por Bolivia y cuyos derechos humanos deben ser protegidos. 

“Que tengan no solo atención de sus derechos, sino una atención a sus necesidades básicas, que pasa por temas de atención a niños que están viajando solos, lineamientos para el tratamiento de esos niños, formación de los equipos de protección de movilidad humana;  también vamos a estar colaborando en la formación de capacidades e intercambio de experiencias”, manifestó Martínez.

El memorándum suscrito este lunes, se enmarca en la decisión que han asumido los Estados receptores de personas migrantes para plantear nuevas medidas de protección para la población extranjera, principalmente para niñas y niños que no cuentan con documentación de viaje que posibilite su tránsito regular por los diferentes países, así como a plantear alianzas estratégicas para combatir esta problemática y hacer frente a las dificultades que conlleva el cierre de fronteras por la pandemia de la COVID-19.

La Defensoría del Pueblo, en lo que va de esta gestión, registró 865 casos relacionados a la vulneración de derechos de las personas migrantes o solicitantes de refugio, de las cuales 330 son niñas, niños y adolescentes.

La Defensoría del Pueblo y UNICEF también trabajarán en otra línea de acción prioritaria, que incidirá  en el ejercicio del derecho a vivir en familia de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en centros de acogida del país. 

Según un estudio de UNICEF y el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, hasta 2019, en 180 centros de acogida en todo el país existían 5.678 niñas, niños y adolescentes.

Este estudio evidencia que el tiempo de permanencia de las niñas, niños y adolescentes en estos centros es de 0 a 3 años en niños y niñas de 1 año y 9 meses; de 4 a 7 años en niños de 2 años y nueve meses; de 8 a 11 años en niños de 4 años y 2 meses. Los adolescentes mayores de 12 años se quedan en los centros de acogida por 6 años y 4 meses.

El Memorándum de Entendimiento, suscrito entre la Defensoría del Pueblo y UNICEF, establece la promoción y fortalecimiento de las capacidades técnicas de la institución defensorial para la asistencia y atención de niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad humana; y el desarrollo de lineamientos de actuación y atención para esta población que viaja sin acompañamiento.

También señala la asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades de actores del sistema de protección de la niñez y adolescencia en la temática de derecho a vivir en familia niñez y adolescencia; desarrollo conjunto de acciones de incidencia sobre los impactos de la institucionalización en adolescentes y jóvenes egresados de centros de acogida; y para la identificación de límites a la reintegración familiar de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de acogimiento institucional.