La Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección General de Migración y organizaciones de la sociedad civil que apoyan la población migrante trabajan, desde hoy, en la elaboración de los reglamentos de los Decretos Supremos 4574 y 4576, promulgados recientemente en favor de la población migrante que se encuentra en el país.

El primer decreto crea una plataforma informática para monitorear el flujo de las migraciones, los arraigos, las alertas migratorias, las permanencias y residencias de personas extranjeras en el país con la finalidad de brindar seguridad al Estado boliviano y a estas poblaciones.  

El segundo tiene la finalidad de permitir, de manera excepcional, la regularización migratoria de personas extranjeras que se encuentran en territorio boliviano, con la exoneración del pago de multas y otras sanciones más gravosas.

Ambos decretos fueron presentados hoy, en conferencia de prensa conjunta, por la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, y el Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

 “Consideramos que la amnistía migratoria será una oportunidad para que toda la población que en este momento se encuentra irregular, que no está accediendo al ejercicio de sus derechos, y que en muchos casos es víctima de malas prácticas, de ilícitos o de burocracia, acceda a una regularización, que le permitirá a su vez ejercer todos sus derechos”, señaló la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

Además añadió, respecto al primer decreto, que la Defensoría del Pueblo considera importante el reconocimiento del Estado de la necesidad de contar con una información estadística sobre la población migrante, pues esto permitirá generar políticas públicas diferencias por el tipo de población migrante. 

El Decreto 4576 beneficia a los migrantes que hubieran ingresado a territorio nacional de manera irregular hasta un día antes de la publicación de la norma, a quienes hubieran permanecido en el territorio boliviano de manera irregular y a quienes hubieran sido sancionados con una salida obligatoria. 

La norma autoriza a que las personas extranjeras se acojan a una permanencia temporal de dos años, la cual podrán solicitar durante un plazo de 12 meses desde la publicación de la norma. La Dirección General de Migración estima que la norma alcanzará, aproximadamente, a unas 3.500 personas extrajeras.

El Decreto 4574 instruye a los operadores del servicio de transporte y a las agencias de viaje y turismo entregar información inmediata a la Dirección General de Migración sobre las personas extranjeras que ingresan y salen del país, entre otros aspectos.

En el acto de presentación de ambos decretos, la Defensora del Pueblo anunció la instalación, a partir de hoy, de una mesa técnica para la elaboración de las reglamentaciones de ambas normas, con la participación de esta institución defensorial, la Dirección General de Migración y de las organizaciones de la sociedad civil que apoyan a los migrantes. 

La mesa técnica se reunió de manera inmediata en oficinas de la Defensoría del Pueblo y tiene la finalidad de recabar insumos para diseñar las reglamentaciones respectivas, que deben aprobarse en un plazo de 30 días.