La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, ratificó la existencia de deficiencias y limitaciones en las oficinas departamentales y regionales del Instituto de Investigación Forense (IDIF) en el país, identificadas en las verificaciones realizadas a estas reparticiones a nivel nacional, situación que impide a las víctimas acceder a la justicia.

“Las falencias encontradas en el trabajo del IDIF fueron corroboradas por la misma Fiscalía General del Estado que remitió escasa información e incluso obstaculizó el trabajo de nuestra institución, y si hubieron mejoras como señala el Director Nacional del IDIF, éstas no fueron descritas cuando se les requirió informes al respecto”, manifestó Cruz.

La Defensora cuestionó las aseveraciones poco serias que hizo el Director Nacional del IDIF, Andrés Flores, en sobre el informe defensorial “Los Institutos de Investigación Forense no garantizan el acceso a la justicia”, quien reclamó que éste no toma en cuenta las mejoras que se hicieron desde la gestión 2019 a la cabeza del actual Fiscal General, Juan Lanchipa. Cruz le pidió que como servidor público trabaje para la población que peregrina en esas oficinas en busca de justicia y no se ocupe de defender la gestión de una autoridad.

En las verificaciones defensoriales se advirtió la ausencia de patólogos forenses, imagenólogos forenses, odontólogos forenses, así como de disciplinas como ingeniería forense, auditoría forense, informática forense y antropología forense en determinadas oficinas de los IDIF a nivel nacional, limitaciones que fueron corroboradas con la información remitida a la Defensoría del Pueblo por la Fiscalía General que señaló que patología forense sólo existe en Santa Cruz y Cochabamba; imagenología forense en La Paz y Santa Cruz y odontología forense en la oficina de La Paz, lo cual contradice lo aseverado por el Director Nacional del IDIF, quien aseguró que se cuenta con áreas especializadas y personal idóneo.

Respecto a la presencia del IDIF sólo en el 10% de los municipios del país que señala el informe defensorial y que fue cuestionado por el Director de esa repartición, Cruz indicó que esta situación fue informada por la Fiscalía General que señaló que existen oficinas en las capitales de departamento, pero no en todas las provincias o municipios; que, incluyendo las dependencias del IDIF El Alto, en Bolivia solo existen 26 oficinas que atienden en áreas rurales municipales; lo cual es un dato alarmante en relación a los 342 municipios que existen a nivel nacional.

“Esta situación vulnera el acceso a la justicia, especialmente, de sectores en situación de vulnerabilidad que deben recorrer largas distancias para ser atendidos oportunamente, enfrentando barreras para acceder a un eficiente servicio integral de justicia; ejemplo de ello son los IDIF de Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, El Alto y Huanuni, que son de difícil acceso a la población y se encuentran alejados de la Policía o Fiscalía, aspecto que convierte en un peregrinaje la obtención del certificado médico forense”, observó la Defensora.

La investigación defensorial fue desarrollada a nivel nacional en septiembre y octubre de 2019, abarcó a 27 dependencias de los IDIF en capitales de departamento y en localidades donde cuentan con médicos forenses, alcanzando a un 77% del total de las oficinas que suman 35 en todo el país. En ese periodo, la institución de derechos humanos encontró falta de colaboración y obstrucción a su trabajo, lo cual se refleja en actitudes de médicos forenses que rehusaron a dar información durante las verificaciones argumentando cumplir una instrucción superior o no contar con autorización para hacerlo.

“De igual manera, las oficinas departamentales del IDIF en La Paz, Potosí, Chuquisaca, Santa Cruz y Pando no respondieron el requerimiento de fondo y se limitaron a responder que la solicitud de información debía ser solicitada al Fiscal General del Estado de Bolivia, quien instruiría por la sección correspondiente, lo solicitado, sin considerar que el IDIF es una institución independiente en sus funciones y dictámenes”, observó la Defensora.

Cruz, también refutó la aseveración del Director del IDIF quien aseguró que esta dependencia no enfrenta denuncias en su contra por retardación en la elaboración de informes, ya que, entre enero y agosto de este año, la Defensoría del Pueblo recibió seis denuncias en contra de médicos forenses relacionadas a: la ausencia de instancias y mecanismos adecuados y accesibles de denuncia que respeten a las víctimas; falta de buen trato y atención integral a víctimas de violencia, considerando su intimidad y privacidad; el sometimiento a mujeres víctimas a repetición de exámenes clínicos que afecten su integridad psicológica; al incumplimiento de la obligación de investigar adecuadamente a los presuntos autores y partícipes de un delito o no responder o responder una petición fuera de los plazos legales.

De igual forma, respecto a la afirmación del mismo Director del IDIF de que todos los estudios técnicos y científicos requeridos a esta repartición se cumplen de forma eficiente, eficaz, oportuna y con celeridad de acuerdo a las normas y protocolos internacionales, la Defensora rechazó tal aseveración y le recordó que en dos casos de violación sexual grupal se identificó una mala recolección de pruebas y una deficiente intervención por parte de esa dependencia, observaciones contenidas en el informe defensorial “Principio de Debida Diligencia durante la Etapa de Investigación en Casos de Violencia Sexual” y que le fue notificado a su persona meses atrás.

El informe sobre la situación de los IDIF fue notificado el 19 de octubre de este año al Fiscal General y al Director Nacional del IDIF; la respuesta, fechada el 19 de noviembre, señala que la Dirección de la institución forense se encuentra elaborando un proyecto de fortalecimiento institucional, respuesta que no atiende siquiera a los problemas de fondo encontrados en la investigación defensorial, cuyos resultados fueron presentados por la Defensoría del Pueblo este lunes.

Finalmente, Cruz manifestó que ante la emisión de una Resolución Defensorial, como la que acompaña al informe sobre la situación de los IDIF que fue notificado a ambas instancias, corresponde una respuesta que espera sea completa y no sesgada.