La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, denunció que las prácticas represivas de las fuerzas policiales y militares continúan presentes en Bolivia, y que el Estado boliviano no cumple con sus obligaciones de adecuar la norma y de juzgar los casos de tortura. 

“A pesar de haber vivido en democracia en las últimas décadas, es evidente que aquellas prácticas represivas y de abuso de poder persisten en las instituciones castrenses y policiales, lo que ha implicado que estas vulneraciones sean denunciadas ante instancias internacionales, que en un futuro próximo conllevara responsabilidad internacional para el Estado”, afirmó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, durante su participación en un foro organizado por el Ministerio de Gobierno y por la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura que se recuerda hoy.

Cruz, en ese espacio, reiteró su denuncia de que entre el 10 y 19 de noviembre de 2019, no fueron decenas ni centenares las personas detenidas que denunciaron algún tipo de tortura, fueron más de mil. Al menos, dijo, “1.141 personas fueron detenidas ilegalmente y sufrieron algún tipo de tortura física y/o psicológica de parte de las fuerzas conjuntas de policías y militares”, durante los conflictos poselectorales, casos que fueron documentados por la institución defensorial en su informe Crisis de Estado.

Dijo que estos casos brevemente citados ocurridos hace menos de dos años y otros de hace algunos años por los que el Estado boliviano enfrenta dos demandas a nivel internacional, son la clara muestra de que las prácticas represivas por parte del Ejército y de la Policía persisten, “pues estos hechos nos hacen pensar que el abuso de poder, la arbitrariedad y el sadismo son parte de la formación que se imparte en las instituciones académicas castrense y policial”.

Esta situación, precisó, se ve reflejada en las denuncias que recibe la Defensoría del Pueblo, que entre la gestión 2020 y mayo de 2021, suman 82 relacionadas a torturas, de las cuales las instituciones más denunciadas son, justamente, la Policía Boliviana, la Dirección General de Régimen Penitenciario y las Fuerzas Armadas.  

Remarcó que los dos casos específicos citados en esta oportunidad más el número de denuncias registradas en la Defensoría del Pueblo, reflejan que a pesar de la normativa internacional y nacional vigente, además de la prohibición expresa por mandato constitucional de la tortura, tratos crueles inhumanos, degradantes o humillantes, así como la determinación de la destitución de los responsables y las correspondientes sanciones, estas vulneraciones persisten y parecería que son asimiladas como algo natural, como si fuese parte de la formación y del trabajo que desarrollan las instituciones bolivianas mencionadas en el foro.

Las dos demandas que Bolivia enfrenta a nivel internacional, relacionadas con la tortura, tratos crueles e inhumanos, degradantes y humillantes, dijo la Defensora, muestran que “aparentemente el Estado no cumplió con la obligación de investigar los hechos o no otorgó a las víctimas o sus familiares la reparación correspondiente”. 

Esas demandas son: “Caso Blas Valencia y otros”, y “Caso Gróver Poma Guanto”. Recordó que en el primero, el 18 de diciembre de 2001 la Policía allanó cuatro viviendas, golpeó a 22 personas, y aprehendió a 17, a quienes las condujo a la ex Policía Técnica Judicial, donde las torturó e incomunicó. Y añadió que en el segundo, el 9 de febrero de 2011 el subteniente Gróver Beto Poma Guanto murió dos días después de que sufriera una golpiza, durante un entrenamiento militar, por parte de siete instructores de la Escuela de Cóndores de Bolivia. 

En el evento de este sábado, la Defensora hizo notar que el Estado no cumple su obligación internacional de adecuación normativa respecto a estos hechos, pues “los operadores de justicia siguen realizando la persecución penal por un delito que no cumple con los parámetros internacionales”, hasta que no modifique el Artículo 295 del Código Penal (Vejaciones y Torturas). 

Observó que tampoco el Estado está cumpliendo con su obligación de juzgar, como lo demuestran los dos casos citados, pues “la justicia no tuvo la capacidad de resolverlos en la jurisdicción nacional, razón por la que las víctimas no tuvieron más alternativa que acudir a los organismos internacionales de protección”. Tampoco, acotó existen importantes avances sobre los hechos de 2019.

 “En el Día Internacional contra la Tortura debemos no sólo recordar a las víctimas, sino también debe ser la oportunidad para reflexionar sobre el papel que estamos desarrollando desde el lugar que nos toca y preguntarnos si realmente estamos aportando a que estas vulneraciones no queden en la impunidad”, finalizó la autoridad defensorial.