La Defensoría del Pueblo advirtió que, durante el año 2021 han ocurrido 146 feminicidios, cifra que supera en 6.85 % a la del año 2020 (136 feminicidios), siendo la cifra más alta en el contexto de la pandemia. Ante esta alarmante realidad, la institución ha solicitado a los operadores de justicia realizar una investigación célere, que permita sancionar a los responsables, además de adoptar medidas preventivas y de atención prioritaria de la violencia que afecta a las mujeres.

Sobre el particular, se ha identificado que, en 76 de estos casos (52 %), los presuntos feminicidas eran parejas o exparejas de las víctimas. Por ello, es necesario que se ataquen las causas estructurales como el machismo, la prevalencia de estereotipos y roles de género que justifican y desvalorizan la gravedad estos hechos.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo ha determinado que en 19 de estos casos (13 %) las víctimas habían sido reportada previamente como desaparecidas; por lo que resulta indispensable que se fortalezcan las acciones de búsqueda para ubicarlas con vida, pues se ha observado que la desaparición es una antesala para los casos de feminicidio.

De la misma manera, se ha registrado la ocurrencia de 39 muertes violentas de mujeres; en ese sentido, se enfatiza la necesidad de que estas muertes sean esclarecidas dentro de una investigación rigurosa, que las presuma como feminicidios, ya que su adecuada calificación es clave para visibilizar la gravedad del hecho como una forma de violencia de género y para que las familias accedan a justicia y reparación.

Para la Defensoría del Pueblo resulta no menos preocupante las 123 tentativas de feminicidio registradas, así como los casos que han sido tipificados como agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar, a pesar de que la víctima sobrevivió a un intento de feminicidio. Por ello, se ha insistido en el fortalecimiento del Sistema Especializado de Justicia de Género a fin de brindar una atención adecuada a las mujeres víctimas de violencia.

Por los hechos descritos, y teniendo en cuenta las nuevas medidas de inmovilización social obligatoria en varias provincias a raíz de la propagación del COVID-19, la institución reitera que se debe garantizar la atención prioritaria a las mujeres víctimas de violencia haciendo uso de canales virtuales, aplicando el mínimo formalismo para le emisión de medias de protección y adoptando las medidas de bioseguridad necesarias.

Finalmente, se recuerda que las medidas preventivas ante los hechos de violencia son claves para minimizar el riesgo de que se produzcan o para evitar que escalen a formas más atroces, como la desaparición o el feminicidio. Sobre ello, la emisión de medidas de protección y/o cautelares son fundamentales para asegurar la integridad de las víctimas y su ejecución debe ser inmediata, independientemente del riesgo advertido.