En el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, es necesario reconocer el esfuerzo y la lucha de las personas que viven en situación de pobreza, y concientizar sobre la necesidad de erradicar esta problemática que vulnera la dignidad humana y los derechos fundamentales. En ese marco, urge que el Estado peruano adopte medidas multidimensionales entendiendo el impacto diferenciado del problema señalado.

• La pandemia ha ahondado este problema que exige una estrategia multidimensional que reconozca su impacto diferenciado.
• La medición debe atender a las distintas carencias que impiden a las personas desarrollar una vida en condiciones dignas.

La conmemoración de esta fecha es una oportunidad para recordar las obligaciones estatales para hacer frente a este fenómeno. Así, una primera consideración clave es reconocer que la pobreza no significa únicamente falta de recursos económicos, sino ausencia de condiciones básicas para desarrollar una vida digna.

En esa línea, la erradicación de la pobreza resulta aún más importante frente a los efectos de la pandemia por el COVID-19 y las constantes crisis que viene atravesando nuestro país. Solo tomando en consideración la pobreza monetaria, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática, actualmente el 25,9 % de la población se encuentra en esta situación (8.5 millones de personas), igual porcentaje que en 2012. Es decir, la pandemia ha ocasionado un retroceso de 10 años en la reducción de la pobreza monetaria.

Sin embargo, esta forma de medir la pobreza, a partir únicamente de una visión económica, resulta insuficiente para conocer cómo impacta en el efectivo ejercicio de los derechos de las personas. Para la Defensoría del Pueblo, la pobreza es una situación que atenta contra la dignidad y vulnera los derechos a la salud, al trabajo, a la alimentación, a la educación, entre otros.

Este enfoque de derechos exige al Estado reconocer que la pobreza tiene un impacto diferenciado en función de los grupos sociales que la viven. Esto significa que existen características estructurales que hacen a unos más vulnerables que a otros y que conducen a una mayor marginación o exclusión social. Ser mujer, por ejemplo, supone mayor precariedad laboral y dependencia económica, debido a la inequitativa distribución de cargas domésticas; también, ser persona migrante conlleva escenarios de riesgo y vulneración de derechos debido a la situación de irregularidad migratoria, que perpetúa la pobreza.

Atendiendo a ello, la institución ha elaborado un informe defensorial que aborda esta problemática y plantea recomendaciones para fortalecer la estrategia estatal dirigida a aliviarla. Este informe, que será próximamente publicado, pone énfasis en la necesidad de que el Estado peruano adopte un enfoque multidimensional de la pobreza, partiendo de reconocer la interrelación entre las distintas privaciones que vive una persona.