La Defensoría del Pueblo remarcó la necesidad de que el Estado implemente con prontitud un sistema preventivo para la reparación oportuna de las víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos, de modo tal que se pueda atender rápidamente a este sector de la población y evitar casos como el de las víctimas del periodo de violencia 1980 – 2000 quienes, pese al tiempo transcurrido, aún no son resarcidas en su totalidad.

Así lo señaló el adjunto de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Carlos Fernández, quien encabezó la charla de capacitación que organizó la institución con el objetivo de brindar alcances sobre el Programa de Reparación en Salud en el marco de la  Ley 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones (PIR), a más de 40 personas que viven en distintos distritos de Lima tras haber sido desplazadas por el periodo de violencia que sufrió el Perú en las dos últimas décadas del siglo pasado.

Según explicó el representante de la Defensoría del Pueblo, con esta propuesta se busca que el Estado cuente con una especie de seguro que pueda activarse de manera inmediata frente a actos de violencia durante conflictos sociales o por el uso excesivo de la fuerza de parte de las autoridades policiales o militares, entre otras situaciones de vulneración de derechos humanos, al margen de los procesos judiciales que se instauren en cada caso.

“Como se observa, la modalidad de reparación en salud que existe actualmente, al igual que el programa de reparación en educación y vivienda, se ejecuta a través de un sistema asistencial, lo que impide que cuente con su propio presupuesto y se repare de manera eficiente”, sostuvo Fernández, quien añadió que, luego de más de 24 años, aún el Estado no cumple con el deber de resarcir el daño causado porque no tenía, en su momento, un sistema preventivo de reparación para las víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos.

Sostuvo que la falta de un sistema adecuado de reparación a víctimas tampoco permite reparar hasta el momento a las víctimas de los conflictos sociales de 2022 y 2023. Ante ello, remarcó que es necesaria y urgente la creación del mismo para que las víctimas y sus familiares no queden desprotegidos.

Cabe indicar que uno de los temas que se abordó durante el encuentro fue el concerniente al derecho de acceso a la salud al tratarse, en la mayoría de casos, de personas adultas mayores. Ante ello, la representante del Ministerio de Salud informó las limitaciones que han sido identificadas en la ejecución del programa de reparación; y por parte del SIS se dio a conocer la labor que vienen desarrollando hasta el momento. Por su parte, la representante de la Secretaría Técnica de la Comisión de Alto Nivel (CMAN) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos brindó información sobre el objetivo y la población beneficiaria.

De acuerdo a información de la CMAN, hasta diciembre de 2023 el total de víctimas inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV) a las que les correspondía acceder al programa de reparaciones ascendía 179 569 personas. De este total, el 71.63 % recibieron atención en salud a través del SIS.