La Defensoría del Pueblo condena enérgicamente la violación de los derechos humanos perpetrada por terroristas. Conforme señala la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público el ataque ha cegado la vida de 16 personas, entre las que se encontraban niñas, mujeres y varones, en el Centro Poblado San Miguel de Ene.

 Ante estos hechos trágicos, la Defensoría del Pueblo exige una investigación en profundidad para conocer las circunstancias y móviles de los crímenes y la determinación específica de la autoría. Estos delitos deben ser perseguidos y sancionados severamente.

Del mismo modo, le recuerda a las autoridades estatales su deber de brindar atención a las víctimas sobrevivientes, en especial y prioritariamente a niñas, niños y adolescentes, y a los demás familiares de las personas asesinadas, para lo cual será necesaria la intervención del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

Finalmente, la Defensoría del Pueblo envía un mensaje de solidaridad y condolencias a las familias de las víctimas y hace un llamado a la Policía Nacional del Perú y a las Fuerzas Armadas a desplegar su máximo esfuerzo en procura de brindar paz y tranquilidad a la población del Vraem. La lucha contra el terrorismo requiere de acciones efectivas en el campo social, económico y sobre todo de seguridad. Una lucha que no puede ser objeto de uso político. El dolor de las familias debe respetarse.