Las Defensorías del Pueblo de Panamá, Costa Rica, Colombia y Ecuador acordaron en una declaración conjunta velar por la protección de los derechos humanos de las personas migrantes en especial de los más vulnerables, como niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas mayores, así como impulsar de manera coordinada rutas humanitarias con el propósito de superar las situaciones o factores de riesgo en las zonas más peligrosas.

Los defensores de Panamá, Eduardo Leblanc González, Costa Rica Catalina Crespo Sancho, Colombia Carlos Camargo, y de Ecuador Zaida Elizabeth Rovira se reunieron este 4 de agosto de forma urgente, en Capurganá, para analizar y velar por el respeto de los derechos humanos de miles de personas que se encuentran en el Municipio de Necoclí, Colombia.

Los Ombudsman acordaron establecer un mecanismo de trabajo entre las Defensorías del Pueblo de Panamá, Ecuador, Costa Rica y Colombia para desarrollar acciones conjuntas, en el marco de los respectivos mandatos de defensa y promoción de los derechos humanos, para que durante su paso por cada uno de los Estados, los migrantes reciban un trato digno y respetuoso de sus derechos humanos.

La declaración en conjunto señala que seguirán trabajando conjuntamente en estrategias de prevención, detección, atención especializada de los migrantes que han sido víctimas de violencia sexual, trabajo infantil, trata de personas, tráfico de migrantes, explotación laboral y otras formas de vulneración.

El trabajo tendrá un enfoque de protección integral de la infancia y la adolescencia, en especial la no acompañada, y procurando siempre la reunificación familiar, igualmente, para la protección de niñas, las jóvenes, mujeres gestantes y madres lactantes, así como adultos mayores y personas con discapacidad.

“Reafirmamos nuestro compromiso para trabajar y velar por la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y manifestamos profunda preocupación por la situación de la población migrante, refugiada y con necesidades de protección internacional, que se encuentra actualmente en el municipio de Necoclí, procedentes de África, Asia, Cuba y Haití, lo que ha generado un represamiento de cerca de 10.000 personas, según datos de la alcaldía municipal de Necoclí”, destaca el documento.

El documento señala que los flujos migratorios mixtos de personas extra continentales y del Caribe que ingresan a Colombia por la región Urabá- Darién, lo hacen principalmente por la frontera con Ecuador y residualmente por los confines con Brasil.

En su tránsito hacia el norte del continente americano, los migrantes pasan por Panamá, Costa Rica, y otros Estados centroamericanos, y en el proceso enfrentan enormes riesgos y dificultades como estigma, discriminación, exclusión y abuso por parte de organizaciones criminales o al margen de la ley, quienes aprovechándose de la situación de vulnerabilidad en que se encuentran, los explotan laboral o sexualmente, los utilizan como transporte humano, entre otras.

Los defensores señalaron en la declaración conjunta que se trata sin lugar a dudas de una situación de carácter internacional, y que en consecuencia demanda el trabajo articulado de las Defensorías del Pueblo con miras a visibilizar el fenómeno y su impacto en la garantía de los derechos humanos de todas las personas migrantes, para que las autoridades de todos los Estados de tránsito y destino adopten medidas conducentes a proteger y garantizar sus derechos.

Las personas migrantes transitan por rutas irregulares lo que ha representado el mayor desafío para el análisis, diseño y aplicación de políticas públicas para la garantía de sus derechos, destaca el documento.