El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, presentó, en Iquitos, el informe El estado de cosas inconstitucional en el Perú: análisis del proceso de implementación 2004-2023, que aborda los derechos fundamentales de la ciudadanía que no han sido asumidos por el Estado: situaciones que dificultan el acceso a la educación de personas en extrema pobreza en el ámbito rural, problemas de salud por ausencia de servicio de agua y alcantarillado, falta de acceso a servicios de salud mental, hacinamiento penitenciario etc.

El documento se inscribe en la línea institucional de acceso a la justicia y ha sido elaborado por la adjuntía en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, quien tuvo a su cargo el estudio y análisis de las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) en las que se decretó la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI), lo cual representa una alerta máxima sobre vulneración masiva de derechos fundamentales debido a fallas estructurales del Estado.

La Defensoría del Pueblo recuerda -en el documento- que si bien el TC dispuso diversas medidas (45) para hacer frente a los referidos problemas estructurales, se advirtió que solo el 50 % han sido cumplidas en su totalidad, el 42 % parcialmente y el 8 % aún se encuentran pendientes. Si bien se creó un Sistema de Supervisión, el cual permitió promover el monitoreo e implementación de las medidas más complejas, este se encuentra actualmente desactivado.

De los 18 ECI estudiados por la institución, en un tercio se consideraron informes. En atención a dicha experiencia, se ha recomendado al TC institucionalizar un sistema permanente de supervisión de sentencias y una metodología clara para la selección de casos que serán objeto de supervisión. Asimismo, se sugirió uniformizar los supuestos que permitan decretar un ECI, dada la relevancia que tiene esta figura jurídica en el respeto y garantía de los derechos fundamentales de la ciudadanía, y precisar la legitimidad para declararla, con el fin de reafirmar la competencia de sus propias salas o para extenderla inclusive a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, entre otros.

Tras la presentación del documento en Iquitos y atendiendo el reciente ECI declarado por el TC, ante la afectación del derecho a la salud de diferentes comunidades de Loreto a causa de la falta de una red de agua y alcantarillado y contaminación ambiental en la zona, el defensor del pueblo, realizará una nueva visita a la localidad de Punchana, para verificar su actual situación.

Participaron en la presentación del informe el gobernador regional de Loreto, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Loreto, magistrado del Tribunal Constitucional, alcalde provincial de Loreto y un representante del Colegio de Abogados de Loreto.