La Defensora del Pueblo de Honduras observa con mucha preocupación las muertes que se dan bajo custodia, las cuales son potencialmente ilícitas y permiten presuponer la responsabilidad estatal.

En ese mismo sentido, lamentó el más reciente suceso en el cual un privado de libertad fue encontrado con un lazo en el cuello ya sin signos vitales en la Penitenciaria Nacional de Támara.

Además, expresó que los constantes actos de violencia y muertes de privados de libertad en los centros penitenciarios, es un reflejo de la falta de seguridad y que no se garantizan adecuadamente los derechos humanos de esa población.

Asimismo, indicó que el Estado hondureño, a través del Instituto Nacional Penitenciario, debe garantizar la seguridad apropiada en el interior de los centros penitenciarios, para evitar riñas, lesiones y muertes de los privados de libertad.

De igual forma, recordó que el Estado de Honduras, debe garantizar el derecho humano a la vida, salud, alimentación, agua potable, a una comunicación con sus familiares, a la integridad personal, psíquica y moral de las personas privadas de la libertad.

“El hecho de que armas, explosivos, drogas y aparatos electrónicos de uso prohibido, sigan ingresando a recintos carcelarios, solamente evidencian la deficiente e indebida administración penitenciaria por parte de las autoridades”. Manifestó la titular del CONADEH

El CONADEH en sus informes y recomendaciones, ha señalado reiteradamente los irrespetos a los derechos humanos y las deficiencias en los centros penales del país, porque como órgano constitucional del Estado tiene la responsabilidad de supervisar y velar porque se cumpla efectivamente con las normas nacionales y estándares internacionales, por lo cual no dejará de practicar la supervisión correspondiente sobre las autoridades concernidas.

En ese sentido, esta Defensoría del Pueblo reitera la recomendación en designar personal capacitado y formado en gestión de centros penitenciarios, con un enfoque basado en derechos humanos, para velar por el cumplimiento de las restricciones referentes a la posesión y uso de armas blancas, de fuego y estupefacientes dentro de estos recintos carcelarios.

• El Estado tiene la obligación de garantizar la integridad física de las personas que se encuentren bajo custodia en el sistema penitenciario