En el décimo aniversario de la Masacre de Cadereyta, Nuevo León, las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de El Salvador, Guatemala, Honduras y México (en adelante “las Instituciones”) hacen un llamado para proteger a las personas migrantes ante las persistentes violaciones a sus derechos humanos, así como para garantizar a las víctimas sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, para que hechos como los ocurridos en 2012, en Cadereyta, Nuevo León, no se repitan.  

En mayo de 2012, en Cadereyta, Nuevo León, el Ejército Mexicano reportó el hallazgo de 49 personas decapitadas y desmembradas. Hechos similares ocurrieron en 2011, en San Fernando, Tamaulipas; en 2014, en Güémez, Tamaulipas; y en enero de 2021, en Camargo, Tamaulipas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México emitió el 18 de octubre de 2017 la Recomendación 8VG/2017, sobre la investigación de violaciones graves a los derechos humanos a la seguridad ciudadana y de acceso a la justicia en su modalidad de procuración, en agravio de las 49 personas halladas sin vida en el Municipio de Cadereyta, Nuevo León, la cual, fue aceptada por las autoridades destinatarias. A pesar de ello, los familiares de las víctimas siguen en búsqueda de verdad, justicia y reparación.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, considera de suma urgencia las medidas de reparación, verdad y justicia que el gobierno mexicano pueda proveer a las familias centroamericanas que exigen conocer y localizar a sus familiares migrantes desaparecidos, siendo esto un escenario que perpetúa la impunidad y con ello graves violaciones de sus Derechos Humanos. Asimismo, considera que es responsabilidad de los países de origen, como Honduras y El Salvador, velar por el respeto y cumplimiento de los Derechos humanos de sus ciudadanas y ciudadanos en cualquier lugar del mundo, en procesos de migración.

Es importante recordar que la Verdad es necesaria hoy más que nunca en tiempos tan difíciles en todo el mundo. Mantener la impunidad implica violentar la dignidad humana de toda la sociedad en su conjunto y avalar que se sigan cometiendo graves violaciones a Derechos Humanos.  Por tanto, es urgente tomar medidas integrales, transnacionales y regionales que conlleven a la investigación y sanción de graves violaciones a Derechos Humanos como es el caso de las diferentes masacres de migrantes, de los miles de personas desaparecidas y las múltiples violencias contra la dignidad de mujeres migrantes. Urgen medidas de coordinación, mecanismos eficientes de investigación y programas de atención diligentes entre Estados de origen, tránsito y destino, que garanticen el acceso a la justicia, verdad y reparación en las que la sociedad civil y familias participen activamente en la búsqueda e investigación.

La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, reconoce el trabajo y la promoción de derechos que han efectuado la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho de México y las organizaciones guatemaltecas de sociedad civil, Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial -ECAP- y la Mesa Nacional para las Migraciones de Guatemala -MENAMIG- que han acompañado este largo como doloroso proceso, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, en atención a las necesidades de los familiares de las víctimas, siendo imperativo que las autoridades guatemaltecas repliquen este esfuerzo, permitiendo que las acciones de investigación y búsqueda de la verdad se realicen sin obstáculos, a la vez que se apoye a los familiares en los procesos que permitan acceder a una reparación digna, incluida la determinación de otros actores en territorio guatemalteco, quienes hayan sido cómplices o propiciado  que estos hechos sucedieran bajo la consideración de las leyes nacionales que sancionan el tráfico ilícito de migrantes.  Reiteramos a la vez nuestro compromiso con las familias para continuar apoyándoles en la lucha por el reconocimiento de sus derechos, misma que han sostenido por una década.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras manifiesta con suma preocupación que, después de una década de la masacre en Cadereyta, Nuevo León, México, las autoridades y las familias de las víctimas no tengan información de los autores intelectuales como materiales de este terrible hecho. Es necesario que, de forma regional, las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos continuemos impulsando acciones positivas para velar por el derecho a la justicia, para que las familias conozcan la verdad de los hechos y a la no repetición de los hechos. En ese sentido, es oportuno hacer un llamado a los gobiernos nacionales para que atiendan las causas estructurales de la movilidad humana, investigar y sancionar a los autores de la masacre y reparar integralmente el daño a las familias.

Esta Institución Nacional de Derechos Humanos, mantiene una política de puertas abiertas para continuar acompañando a los comités de familiares de personas desaparecidas en la ruta migratoria.  

En el caso de la Masacre de Cadereyta, las Instituciones firmantes urgen a:

• Avanzar en la implementación de acciones que permitan la plena identificación de las víctimas, ya que en el trascurso de estos 10 años únicamente se han identificado a 16 de 49 cuerpos encontrados
• Coordinar acciones entre autoridades de México, Guatemala, El Salvador y Honduras encaminadas al esclarecimiento de los hechos y el acceso a la justicia, incluida la investigación en cada país que pueda vincular a las redes de tráfico ilícito de personas con los responsables materiales en México.
• Desarrollar procesos que permitan el fácil y adecuado acceso a la reparación integral del daño sufrido para los familiares de todas las víctimas.

En ese sentido consideramos fundamental fortalecer la cooperación entre las autoridades de los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras y México para garantizar el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos de las personas migrantes, con énfasis en los grupos en situación de mayor vulnerabilidad.

Es importante recordar que El Salvador, Guatemala, Honduras y México son signatarios del Pacto Mundial para la Migración Segura Ordenada y Regular, en el que se comprometen, entre otros, a “Salvar vidas y emprender iniciativas internacionales coordinadas sobre las personas migrantes desaparecidas.” (Objetivo 8) y abordar y reducir las vulnerabilidades en la migración (Objetivo 7).

Por todo lo anteriormente expuesto, proponemos analizar la creación de una Comisión Especial de Investigación, a través de la cual personas expertas, nacionales e internacionales, apoyen a las autoridades nacionales mexicanas en la investigación de los hechos con perspectiva regional, de conformidad con estándares internacionales. Esto permitirá entender mejor las causas que generan esta violencia sistemática contra las personas migrantes e implementar acciones efectivas para que estos hechos no se vuelvan a repetir.

Las Instituciones firmantes reiteramos nuestra disposición para trabajar en beneficio de los derechos de las personas migrantes, dentro de sus respectivos mandatos.