Defensoría de los Habitantes
Nuestra misión, es proteger a las habitantes y los habitantes frente a las acciones y omisiones del Sector Público, mediante un control de legalidad, justicia y ética por medio de la prevención, defensa, promoción y divulgación de sus derechos e intereses. Nuestra visión, ser una institución dinámica y fortalecida; accesible y regionalizada, con legitimidad e incidencia en todo el país; eficiente en la utilización de las herramientas del ordenamiento jurídico; innovadora de sus estrategias de intervención para que sean acordes a la realidad nacional; contribuyendo así al mejoramiento de la gestión del sector público y a la calidad de vida de las habitantes y los habitantes. |
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Notas publicadas |
La Defensoría de los Habitantes pidió a las autoridades del Comité Olímpico Nacional (CON) y del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), cumplir la normativa vigente en el país contra el Hostigamiento sexual en el Empleo y la Docencia (Ley N° 7476).
La Defensoría de los Habitantes insistió ante el Gobierno de la República la necesidad de que se ejecuten acciones concretas - por el respeto de los derechos de las personas indígenas en China Kichá, en Buenos Aires de Puntarenas-, ante nuevas amenazas de desalojo de tierras.
La Defensoría de los Habitantes el día de ayer pidió cuentas al Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social y la Comisión Nacional de Emergencia para que ofrezcan explicaciones que permitan conocer las condiciones que mediaron en todo el proceso de negociación para la compra de las vacunas contra el covid-19.
La Defensora de los Habitantes de Costa Rica, Catalina Crespo Sancho, fue electa esta mañana como Presidenta del Consejo Centroamericano de Procuradores y Procuradoras de Derechos Humanos (CCPDH) con el respaldo de todos y cada uno de sus homólogos del istmo.
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La Defensoría de los Habitantes de la República es un órgano contralor que forma parte del Poder Legislativo. El fin de esta institución es el de velar porque la actividad del sector público se ajuste al ordenamiento jurídico y la moral, de forma tal que los derechos e intereses de los habitantes siempre estén protegidos.