El más reciente Informe Anual de Labores 2022-2023 de la Defensoría de los Habitantes revela que se atendieron más de 3 mil solicitudes de intervención de personas adultas mayores en el año 2022; en su mayoría, por situaciones relacionadas con los derechos a la salud y la protección social.

Las personas adultas mayores plantean su pretensión que el Estado no posponga indefinidamente los esfuerzos requeridos para asegurar el goce de sus derechos y hacer efectiva la satisfacción de sus necesidades, conforme con su condición etaria. 

A partir de la intervención de la Defensoría, se ha dado una respuesta importante en relación con citas médicas con tiempos de espera superiores a dos años, en servicios como oftalmología, urología, otorrinolaringología, entre otras, al igual que en cirugía de cataratas. Dicha intervención puso de manifiesto la renuencia de los prestadores del servicio de salud de conceder el derecho al trato preferente y diferenciado para esta población. Cabe destacar que la Defensoría se ha abocado a observar el cumplimiento de la atención preferencial en la institucionalidad pública.

Asimismo, continúa el aumento de solicitudes de intervención relacionadas con las medidas de protección social no contributivas y de los beneficios sociales, dadas las debilidades de esta gestión y la insuficiencia de los medios de financiamiento; ya que los recursos existentes no logran responder a una población que se multiplica y, en particular, de un sector que lo hace en condiciones de pobreza.

Aunado a ello, se ha disminuido la cobertura de los programas de atención comunitaria o red de cuido para la atención integral de las personas mayores, la cual se entrelaza con la debilidad de la gestión de las redes locales y el desafío de optimizar los escasos recursos disponibles. Resultando urgente, la fiscalización y el acompañamiento del ente rector de vejez y envejecimiento, para la revisión integral del funcionamiento de la Red, de cara a las exigencias de las organizaciones de bien social que operan el servicio.

En cuanto al vínculo existente entre la gestión y prestación de servicios, contenido presupuestario y calidad de atención en los hogares de larga estancia, la Defensoría reconoce el esfuerzo de las organizaciones para superar el impacto de la pandemia. No obstante, se debe señalar que algunas medidas aplicadas tienden a fortalecer la condición de vulnerabilidad de las personas mayores, reforzando estereotipos que alimentan la discriminación y además les resta autonomía; el entorno las restringe y limita para desenvolverse adecuadamente a pesar de sus propias particularidades como la edad, la condición socio económica, entre otras.

Preocupa a la Defensoría el anuncio reciente del recorte de ¢6.000 millones al presupuesto del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), para el 2024, el cual golpeará el cuido de esta población, especialmente los que están en abandono, pues esta institución financia subsidios para cuido tanto en centros diurnos como en hogares de larga estancia.

Considera la Defensoría que los compromisos del Estado suscritos para la adopción de las medidas y acciones requeridas para garantizar un envejecimiento saludable, activo y con dignidad, que permita el pleno disfrute de todos los derechos humanos a las personas en la edad de la vejez, carecerán de eficacia hasta tanto no se asegure el derecho a la salud de la población mayor y se refuercen las políticas que proveen los fondos públicos para su protección.