La Defensoría de los Habitantes solicitó a varias instituciones prestadoras, entes rectores o regulares de servicios públicos un reporte de las medidas que han venido implementando para impactar a la población usuaria a partir de la crisis sanitaria producto de la covid-19. Algunas de las entidades consultas fueron el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), entre otras.

En el caso ICE informó a la Defensoría que desde que inició la crisis sanitaria estableció facilidad de pago a clientes industriales y comerciales con consumos mayores a los 2000 kWh, de tal manera que pagaran el 50% de la factura eléctrica de marzo a mayo y el monto restante sería cargado en cuotas iguales consecutivas durante el segundo semestre del 2020. Señalaron que posteriormente quienes no fueron alcanzados con esta moratoria se ofreció un arreglo de pago a clientes residenciales, de carácter social y los clientes comerciales con consumos menores a esos 2 mil kWh que pudiesen demostrar la afectación y considerar a aquellos clientes que sufrieran despido o suspensiones de contrato, reducciones de salario y otras condiciones derivadas por la pandemia. A nivel tarifario informaron medidas que permitan en los próximos años tiendan a la baja, y señalaron por ejemplo, la disminución de costos de operar y mantener en los negocios de generación y distribución y optimizar condiciones en los contratos de compra de energía a generadores privados.

Por su parte, el Minae informó en cuanto al tema de los combustibles que producto de la coordinación permanente con otras instituciones involucradas en la materia trabajan en la búsqueda de alternativas para que los consumidores puedan optar por sistemas que usen otras fuentes donde se sustituyan los combustibles derivados del petróleo, con el objetivo de mitigar la emisión de gases de efecto invernadero y acceder a precios más competitivos. Mencionó acciones como la emisión de la directriz ministerial 06 que permite a aquellas industrias o servicios que consuman búnker o GLP para operar calderas para sus procesos, puedan optar por calderas eléctricas para bajar los costos de operación mediante procesos de electrificación de la energía; o la penetración de vehículos eléctricos, biocombustibles o el avance para desarrollar el potencial uso de hidrógeno verde.

La ARESEP indicó a esta Defensoría que ha asumido una actitud proactiva en la atención y análisis de los efectos de la pandemia sobre la prestación de los servicios regulados a través del fortalecimiento de los procesos de fiscalización, espacios diálogo y valoración en los que participan los prestadores, los entes rectores y organismos internacionales. Por ejemplo ha compilado información sobre aspectos, tales como, la recaudación de los servicios facturados, facturas vencidas, pérdidas por incobrables y arreglos de pago entre otros, de empresas de electricidad.

En cuanto al servicio de agua, la Aresep informó que las cuentas por cobrar del AyA aumentaron de enero 2020 a julio 2020 en un 52%, lo cual equivale a un monto de ¢7.645 861.809,15. Este monto representa el 8,5% del total de ingresos operativos por servicios del operador. Estos ingresos operativos no incluyen los ingresos por servicios conexos. El mayor crecimiento de estas cuentas por cobrar se dio en febrero y marzo del año en curso. 

Toda esta información va a ser analizada por la Defensoría de los Habitantes en una investigación de oficio y de ser necesario solicitará información adicional.

Oficina de Comunicación Institucional

Defensoría de los Habitantes