La Defensoría de los Habitantes observa con beneplácito que las autoridades del Ministerio Público hayan procedido a la apertura de un proceso de investigación sobre los hechos irregulares que fueron consignados en los Informes de la Auditoría de la Caja Costarricense del Seguro Social, en relación a las debilidades detectadas en el proceso de vacunación llevado a cabo a nivel nacional y que fueron hechos de conocimiento público por parte de la Defensoría.

El ente defensor pidió a la auditoría interna de la CCSS un informe actualizado, al día de hoy, sobre el estado actual del cumplimiento de las recomendaciones y sugerencias contempladas en dichos Informes por parte de las autoridades, en razón de que los mismos contemplaban una seria de solicitudes para la adopción de acciones correctivas que se desconoce si fueron implementadas o no por parte de la Caja respecto de los informes de la Auditoría Interna: AD-ASS-139- 2021, del 25 de enero de 2021; y, el AD-ASS-265-2021 del 9 de febrero de 2021.

En estos informes, la Auditoría se refirió a una serie de irregularidades que fueron constatadas en el proceso de vacunación contra COVID-19, en los establecimientos de salud de la Institución, identificando sus eventuales causas y riesgos, así como las medidas, urgentes y pertinentes, para fortalecer los controles que garanticen que el proceso en curso se ajuste a la normativa definida por las instancias técnicas nacionales en materia de vacunación.

Para la Defensoría es de vital importancia que las y los habitantes del país conozcan sí al día de hoy, las acciones dispuestas por la auditoría de la CCSS fueron implementadas por parte de las autoridades competentes para garantizar la corrección en el actual proceso de vacunación y que el mismo esté apegado a las disposiciones adoptadas por las autoridades. Sin embargo, la Caja se ha negado a informar a la Defensoría si estos hallazgos de irregularidades señalado por la auditoría han sido subsanados, lo cual despierta una señal de alerta en el ente defensor.

En razón de lo anterior, la Defensoría, en resguardo del derecho fundamental de las y los habitantes de acceder a la información pública; con base en el derecho de petición y pronta respuesta; reiteró su solicitud para que la auditoría interna de la CCSS informe en detalle sobre el estado actual de la situación con respecto al proceso nacional de vacunación. Además, se solicitó copia de los informes recibidos por parte de las diferentes instancias y niveles de la CCSS encargados de dar fiel cumplimiento a las recomendaciones y sugerencias de la Auditoría Interna; así como un listado de las acciones correctivas a implementar o ya implementadas.

Las inspecciones llevadas a cabo por la propia Defensora y por funcionarios de la institución dan cuenta de una serie de debilidades en el proceso de vacunación implementado por la CCSS; entre las que destaca, la adscripción a sólo una casa farmacéutica de manera principal, la dilación del proceso de almacenamiento y puesta a disposición del producto en los centros de vacunación, la entrega de pequeñas cantidades de vacunas por debajo de la capacidad instalada de cada centro; el rango altamente discrecional y ausente de controles, tanto internos como externos, en la definición de las listas de personas a vacunar así como del proceso en sí de vacunación, que garantice, lejos de toda duda, que la dosis suministrada realmente se cumplió al momento mismo de la vacunación de la persona beneficiaria. Adopción de un sistema que supone el desplazamiento del habitante y la noimplementación de un sistema de vacunación, puerta a puerta, que llegue a las personas con problemas de movilidad o con padecimientos crónicos. Ausencia de una red de frío que sirva como soporte para la logística que requiere este tipo de vacuna. Establecimiento de un esquema de vacunación con horario de oficina, que crea tiempos “muertos” en razón de la no utilización de los fines de semana, días feriados y horario nocturno. Así como la falta de un modelo estándar de aplicación nacional que crea discriminación territorial en los usuarios.

Para Catalina Crespo, Defensora de los Habitantes: “Es urgente que las autoridades de la CCSS actúen con la mayor transparencia respecto de cualquier información que atañe al proceso de vacunación, con el fin de no generar dudas en la población, ya que, bajo las actuales circunstancias, no es propicio incrementar el clima de alarma social relacionado con la Salud Pública”.