Al conmemorarse el Día Internacional de la Alfabetización, la Defensoría del Pueblo llama la atención por las desigualdades existentes en cuanto al acceso de herramientas de aprendizaje de niños, jóvenes y adultos, las cuales se han acentuado durante la pandemia del COVID-19.

Para la Entidad resulta claro que la alfabetización es un derecho humano y un medio para alcanzar el desarrollo individual y social, de cuyo goce efectivo dependen oportunidades educativas y de aprendizaje a lo largo de la vida, tal como lo describe el Objetivo 4 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, la alfabetización contribuye a la erradicación de la pobreza, a reducir la mortalidad infantil, a lograr la igualdad de género, a facilitar mayor participación en la sociedad, a garantizar el desarrollo sostenible, la paz y la democracia.

En Colombia, las tasas de analfabetismo han venido reduciéndose. De acuerdo con datos del DANE, en el año 2020 el 8,4% de los hogares colombianos registraron al menos una persona mayor de 15 años que no sabía leer ni escribir, lo que representa una disminución de -0,9 puntos porcentuales con respecto al 2019 (9,3%).

No obstante, se ha constatado que, debido a las medidas de confinamiento establecidas por el Gobierno Nacional desde el inicio de la pandemia, las instituciones educativas tuvieron cierres totales por lo que muchos jóvenes y adultos, con poca o ninguna capacidad de alfabetización, han visto limitado su acceso a las estrategias pedagógicas implementadas por medio de ambientes de aprendizaje alternativos a la presencialidad.

Para el 2020, según datos del DANE, el 78% de los hogares pobres no contaba con internet fijo o móvil, el 96,9% no tenía un computador y el 95,7%, un computador portátil.

En ese contexto, la Defensoría del Pueblo recomienda al Ministerio de Educación Nacional y a las Secretarías de Educación:

• Fomentar políticas y programas de alfabetización dirigidos a jóvenes y adultos basados en un enfoque de derechos humanos y sensible a las cuestiones de género.
• Promover la implementación de políticas y programas de alfabetización que aseguren el derecho de todos y todas a la educación, con especial énfasis en los grupos y sujetos de especial protección constitucional.
• Innovar estrategias de alfabetización, garantizando el acceso y uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a los jóvenes y adultos, de manera que impacten positivamente en las prácticas pedagógicas acordes a los desafíos actuales de la alfabetización y a los contextos socio culturales de esta población.
• Hacer seguimiento y evaluación a la calidad de los programas de alfabetización y su impacto en el aprendizaje de los jóvenes y los adultos.