Con el objetivo de fortalecer el trabajo hecho entre las dos entidades e iniciar nuevas estrategias para la protección, se reunieron este lunes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, y el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

En el encuentro, al que también asistió el Representante en Colombia de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, Jozef Merkx, se propuso que con el apoyo de la ACNUR se cree una alianza entre los Defensores del Pueblo de América Latina para adelantar acciones significativas que garanticen los derechos de las personas refugiadas y migrantes.

Camargo Assis indicó que, con el liderazgo de la Defensoría del Pueblo de Colombia, se conforme una alianza Regional y hacerle seguimiento a la garantía y protección de los derechos humanos a través del Proceso de Quito (países de la región que buscan evaluar el impacto de la migración venezolana y proponer soluciones a la problemática).

“Debemos entender la migración venezolana como una cuestión regional, asumiendo que esto les debe demandar a nuestros Estados compromisos y acciones integrales y articuladas para garantizar una migración segura, ordenada y regular”, dijo el Defensor del Pueblo.

Una de las herramientas importantes en este trabajo será la gestión de una red de alertas tempranas para prevenir la ocurrencia de violaciones a los Derechos Humanos de Refugiados, Migrantes y otras personas con necesidad de protección internacional en Latinoamérica.

“Estamos comprometidos con la relación institucional con la Defensoría del Pueblo. Esta cooperación es de vital importancia, sobre todo en lo que tiene que ver con población en desplazamiento, refugiados y migrantes. Debemos trabajar juntos desde los derechos”, afirmó por su parte Filippo Grandi.

Grandes retos

Hay que recordar la magnitud de los retos, al tener en cuenta cifras dicientes como que en Colombia hay 8 millones 95.593 personas en condición de desplazamiento forzado; que solo entre enero y diciembre de 2020 se presentaron 92 eventos de desplazamientos masivos, afectando a 7.463 familias (27.339 personas).