El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, recibió la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a quien entregó un documento de más de 110 páginas en el que expone la situación de derechos humanos en el marco de la protesta social, una de las más largas que se ha desarrollado en la historia del país.

En el documento que la entidad entregó al órgano internacional, se evidencia que desde el 28 de abril hasta el 3 de junio, se habían recibido 417 quejas por presuntas vulneraciones a los derechos humanos en el marco de  manifestaciones sociales. De esas, en 306 (73%) refiere como presuntos responsables a miembros de la fuerza pública: 300 (98%) a la Policía Nacional y 6 (2%) al Ejército Nacional.

En las  417 quejas recopiladas por la entidad, se evidencia afectación de los derechos de 489 personas: 80 jóvenes, 46 estudiantes, 38 mujeres, 36  defensores de derechos humanos, 26 miembros de la fuerza pública, 18 líderes sociales, 10 niños y niñas, 4 docentes, 6 sindicalistas,  3 periodistas, 2 indígenas, entre otros.

En el completo informe que entregó la entidad a la CIDH, se expone el panorama en el que se encuentra el país y hace un resumen sobre la situación  de la protesta que en 2020 se llevó a cabo en 320 municipios de los 32 departamentos del país. También se evidencia de manera general la situación del país en medio de la situación de conflicto armado, la pandemia derivada por el Covid, el aumento de la violencia basada en género, el reclutamiento de menores, afectaciones al derecho a la salud y trabajo, el panorama de la violencia sexual contra menores, entre otros. 

Panorama de los no ubicados y fallecidos

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, aseguró que “la entidad ha recibido 783 reportes de personas no ubicadas, de los cuales 317 reportes fueron descartados por la Defensoría y la Comisión de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, por tener nombres repetidos, porque las personas fueron ubicadas o porque carecían de información suficiente. Es decir, la entidad envío a la Fiscalía General el reporte de 466 casos”.

La Fiscalía ha inadmitido 153 casos y en 91 se mantiene el Mecanismo de Búsqueda Urgente.

Sobre los fallecidos, el Defensor  informó a la CIDH que se han reportado 58 casos de presuntos fallecimientos en el marco de las protestas. “De dichos casos, 45 son reportes provenientes del Valle del Cauca, todos hombres, tres servidores públicos. A la fecha, en el último reporte enviado a la Defensoría, La Fiscalía ha determinado que hay pruebas suficientes de que 20 de estos presuntos homicidios se dieron en el marco de las manifestaciones públicas”, dijo el Defensor.

Violencia basada en género

Sobre los diferentes hechos de violencia basada en género, el Defensor del Pueblo manifestó su especial preocupación sobre los hechos que se constituyen como violencia sexual en el marco de la protesta social.

“En el marco del acompañamiento, se han identificado un total de 113 hechos de violencias por razón del género en contra de mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversa durante las manifestaciones. De estos casos, 1 corresponde a violencia por parte de manifestantes a una patrullera de la Policía y 112 corresponden a violencias por parte de funcionarios de la Policía y/o el ESMAD en contra de manifestantes”, dijo el Defensor. 

Las violencias que se reportaron con mayor frecuencia fueron: violencia física (72), violencia verbal (60) y violencia psicológica (46), enmarcadas en un uso desproporcionado de la fuerza y la autoridad.

286 corredores humanitarios

La Defensoría del Pueblo en la reunión con el órgano internacional, evidenció la labor de la entidad en el marco de las protestas. “Desde el 28 de abril se ha dispuesto, 441 servidores públicos en promedio, que han acompañado 2.187 marchas y movilizaciones. Además, 303 defensores públicos han estado disponibles 24 horas a nivel nacional”, resaltó el Defensor del Pueblo.

En el marco de las protestas, la Defensoría ha logrado activar 286  corredores humanitarios para el tránsito de bienes de primera necesidad, vacunas, combustible, alimentos para animales, misiones médicas, tránsito de vehículos particulares, insumos médicos principalmente en Cundinamarca (28), Risaralda (27) y Valle del Cauca (26).

También se han realizado 415 mediaciones con el objetivo de mantener las manifestaciones pacíficas: en Cundinamarca (58), Chocó (39) y en Antioquia (23).  Además, se generaron y se participó en 346 mesas de diálogo con manifestantes y autoridades, para conocer el pliego de peticiones que motivaron la protesta y generar acciones tendientes a lograr acuerdos entre las partes.

700.000 toneladas de alimentos represados

El Defensor del Pueblo advirtió a la CIDH sobre la afectación económica que se ha generado, tras un mes de manifestaciones y bloqueos en el marco de la jornada de Paro Nacional.

“Algunos bloqueos han constituido barreras adicionales a las existentes sobre el acceso al sistema de salud del país, afectando, incluso, la vida de las personas. Lo anterior, pues han impedido  el traslado de pacientes en estado crítico con necesidad inminente de una UCI, medicamentos, diagnósticos y otros procedimientos prioritarios; así como la movilización del personal de salud para cumpla su misión. Las aglomeraciones generadas en ejercicio del derecho a la protesta han coincidido con la elevación de ocupación hospitalaria, UCI y con las muertes por Covid-19”, afirmó Carlos Camargo Assis.

Hasta el 12 de mayo el Ministro de Agricultura  había estimado que se habían dejado de movilizar 700.000 toneladas de alimentos por los bloqueos, lo que afecta el abastecimiento y precios de estos. FENAVI informó a mediados de mayo que el desabastecimiento de pollos y huevos se encontraba entre el 20 al 40% y con datos de Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO) se calculaba que cerca de 12 millones de huevos, 16.000 toneladas de pollo y 48.000 toneladas de alimentos para las aves se habían perdido.

Además, se empiezan a emitir alarmas acerca de posibilidad de destrucción de empleos formales, siendo las principales afectadas las micro, medianas y pequeñas empresas, que generan cerca del 60% del empleo formal del país.

Los bloqueos han impedido el ingreso de materiales de construcción, insumos, maquinaria y el personal de obra, obligando la suspensión de 179 obras de infraestructura en 109 municipios para la construcción y mejoramiento de colegios nuevos o ampliados en Valle del Cauca (47 obras), Nariño (16), Antioquia (14), Caquetá (12) y Quindío (11).

Durante el encuentro el Defensor del Pueblo también trató temas como las afectaciones a los niñas, niños y adolescentes, los riesgos y afectaciones a los derechos a la salud y a la vida, a los derechos económicos, a la alimentación, el trabajo y los riesgos y violencia diferenciados sobre la población campesina, entre otros.