Debido al gran flujo migratorio de personas que atraviesan la selva del Darién, el Defensor del Pueblo de Colombia y la Defensora de los Habitantes de Costa Rica hacen un llamado conjunto a sus Estados para que fortalezcan las medidas que garanticen un tránsito seguro, ordenado, regular, digno y basado en la protección de los derechos de la población migrante que se dirige con destino al norte del continente.

Según cifras del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) de Panamá, entre enero y julio del 2023 ingresaron irregularmente de Colombia a Panamá, por el Darién, un total de 251.758 migrantes. En julio, por ejemplo, cruzaron por el mismo lugar con destino al vecino país centroamericano 55.387 personas de distintas nacionalidades, una cifra visiblemente mayor frente a la registrada el mes inmediatamente anterior, junio, cuando cruzaron la frontera inhóspita 29.722 migrantes. Hoy la cifra ya supera las 300.000 personas.

“La situación es muy crítica y además de una permanente crisis humanitaria también es una crisis ambiental y de seguridad nacional para varios países de la región. Lo más preocupante es que los gobiernos no dan muestras reales de querer atender la grave situación, porque pareciera que no es prioritario en sus agendas nacionales”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

“El Estado colombiano debe promover la gestión migratoria con perspectiva de derechos humanos para favorecer una migración segura, ordenada, regular y bajo condiciones de dignidad humana, pero la realidad es que ni siquiera conocemos cifras de migrantes por parte de las autoridades colombianas y su caracterización”, señaló el Defensor del Pueblo.

“Junto con la Defensora de los Habitantes de Costa Rica seguiremos en nuestro empeño de lograr que los Gobiernos de los países de la región tomen las medidas para garantizar los derechos de las personas migrantes, particularmente de menores de edad, mujeres embarazadas y adultos mayores, quienes resultan más vulnerables ante este difícil panorama que hemos venido visibilizando desde 2020”, señaló Carlos Camargo Assis.

Por su parte, la Defensora de los Habitantes de Costa Rica, Angie Cruickshank Lambert, reiteró a los Estados la necesidad de acelerar los procesos de articulación y coordinación interinstitucional local y regional ante la crisis humanitaria que viven miles de personas migrantes que atraviesan las fronteras de estos países rumbo hacia los Estados Unidos.

La Defensora fue enfática en considerar la situación de vulnerabilidad en que se encuentran mujeres en estado de embarazo, niños y niñas que viajan solos o que han quedado atrapados por las dificultades en el trayecto, personas con discapacidad y personas adultas mayores, quienes por su condición requieren de un trato humanitario prioritario.

Adicionalmente, señaló Angie Cruickshank Lambert, “debe ser de atención especial el impacto que viven las comunidades que reciben a estas personas migrantes, para lo cual se hace necesario el apoyo de las diversas instituciones con medidas que permitan generar tranquilidad en un abordaje ordenado y digno de estos flujos migratorios”.