Con el objetivo de generar incidencia en los estados miembros, la V Cumbre Iberoamericana de Procuradoras/es, Defensores/as y Comisionados/as de Derechos Humanos, denominada “De la palabra a la acción” emitió un pronunciamiento que, a través de diez puntos, exhorta a los Estados, en todos sus niveles, a asumir acciones que prioricen el respeto a los derechos humanos de todas las personas en situación de movilidad.

Durante la clausura del evento, el Defensor del Pueblo de Bolivia, destacó la participación de las delegaciones, que demuestra la vigencia y alta sensibilidad de la temática de la movilidad humana. 

“Me voy con este mensaje de alegría porque se logró articular medidas que serán en beneficio de todas y todos”, manifestó.

Callisaya, destacó la militancia con los derechos humanos de todos los asistentes, así como de instituciones como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU MUJERES), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y Alianza por la Solidaridad, que confían en el trabajo que desarrolla la institución defensorial.

Como parte del balance del evento internacional, el presidente de la FIO y Defensor del Pueblo de República Dominicana, Pablo Ulloa, identificó tres razones por las cuales se produce la movilidad humana: por temas económicos, políticos y de reunificación familiar. 

En esa línea, destacó el papel de los defensores del pueblo en cada país, como fiscalizadores de las políticas estatales para garantizar la equidad, igualdad y el respeto de los derechos humanos, para evitar las migraciones irregulares. 

En sus partes resolutivas, el pronunciamiento reconoce “la importancia de crear alianzas para ejecutar acciones concretas en conjunto, a fin de alentar a los Estados y la población, a erradicar estigmas en contra de las personas en movilidad y necesidad de protección internacional”.

En su parte resolutiva el pronunciamiento exhorta a los Estados, en todos sus niveles a: 

1. Favorecer la coordinación, articulación y diseño de herramientas que favorezcan el pleno ejercicio de derechos de la población en movilidad humana y necesidad de protección internacional. 

2. Asegurar el acceso a procesos justos y efectivos para el reconocimiento de la condición de personas refugiadas y apátridas, incorporando el enfoque de derechos humanos y enfoques diferenciados de protección, a partir de la adopción de una perspectiva de interseccionalidad.

3. Garantizar el derecho a la vida, la dignidad humana, el interés superior del niño, niña y adolescente, el acceso a la justicia y el derecho a un recurso efectivo, entre otros.

4. Garantizar el principio de no devolución, eliminando prácticas que limiten el acceso al territorio de los Estados para solicitar protección internacional o la implementación de procesos acelerados de expulsión o rechazo en frontera.

5. Reconocer que existe una crisis de movilidad humana sin precedentes en la región y que los desplazamientos forzados constituyen una violación sistemática de los derechos humanos.

6. Flexibilizar los requisitos de ingreso a los respectivos territorios, tomando en cuenta el enfoque diferenciado e interseccional de personas en movilidad. 

7. Fortalecer a las instancias estatales de atención y protección a niñas, niños y adolescentes y mujeres en procesos de movilidad humana en situación de violencia, para que éstos brinden la debida atención, sin la exigencia de requisito alguno, como la Cédula de Identidad, Pasaporte o regularidad migratoria.

8. Proporcionar acceso a la asistencia humanitaria, así como políticas tendientes a fomentar la inclusión social de estos grupos.

9. Contemplar la excepcionalidad de la detención según los estándares internacionales e interamericanos, y garantizar de la manera más amplia posible el otorgamiento de documentación que facilite el tránsito de las personas en movilidad.

10. Generar procesos administrativos simplificados y desburocratizados, que garanticen la reunificación familiar”.