La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, ha alertado que en Bolivia no está funcionando el sistema de protección del trabajo adolescente, entre 14 y 18 años de edad, debido a que existen muy pocos registros municipales de esta actividad, situación que los deja en indefensión.

“La cuasi inexistencia de datos de registro y autorización no significa que no hay trabajo en adolescentes, tanto en cuenta propia como en cuenta ajena, sino más bien, que no está funcionando el sistema de protección”, dijo hoy la autoridad defensorial en el Encuentro virtual UNATSBO (Unión de Niñas y Niños Trabajadores de Bolivia).

Este evento, que tenía el objetivo de identificar las “principales preocupaciones, avances y desafíos con relación al trabajo infantil en Bolivia”, contó con la participación de autoridades de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio de Trabajo, de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia y de otras instituciones nacionales, y de más de 50 integrantes de la UNATSBO.

En la oportunidad, la Defensora hizo conocer datos sobre una investigación que realiza esta institución sobre el trabajo adolescente. Dijo que de 51 gobiernos autónomos municipales abordados, sólo siete tenían registros y autorizaciones de trabajo adolescente, y que de los 119 adolescentes registrados, 81 correspondían a un solo municipio que ni era capital de departamento ni El Alto.

“La norma y las resoluciones han tratado de incidir en el registro de datos para hacer el seguimiento correspondiente, pero las y los adolescentes no acuden a registrarse, en muchos casos por desconocimiento, en otros por temor, y en otros porque el proceso es más bien largo y dificultoso”, apuntó la Defensora.

La autoridad defensorial también advirtió que el Estado no ha aprobado ni implementado el Programa de Prevención y Protección Social para niños y niñas menores de 14 años de edad en actividad laboral, el cual debería ser aplicado por todos los gobiernos subnacionales. 

“Esta tarea fue encargada a los ministerios de Justicia,  de Trabajo y de Planificación; sin embargo, este programa no ha sido aprobado ni implementado hasta la fecha, lo que genera una omisión en la obligación estatal de protección para con este especial sector”, criticó Cruz.

Y alertó que particularmente en el contexto de pandemia por la COVID-19, la situación de las niñas, niños y adolescentes se agrava en términos catastróficos, porque no se conocen las circunstancias de trabajo en la que se encuentran y la ausencia de intervención estatal los expone a la explotación y al trabajo peligroso.

La Defensora señaló que el Estado tampoco ha aprobado una política para la eliminación de las determinantes de la explotación laboral y las llamadas peores formas de trabajo infantil, y lo convocó a “asumir el desafío de diseñar e implementar políticas públicas sobre el trabajo infantil, con todas las observaciones puntualizadas”. 

Respecto a la lucha desplegada por la UNATSBO, a lo largo de  más de cuatro décadas de existencia como institución, manifestó su “reconocimiento y admiración a los movimientos de niñas, niños y adolescentes trabajadores de Bolivia que han emprendido una lucha histórica e importante para garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos, mejorar su calidad de vida e incidir en las políticas públicas”. Y dijo que es un imperativo del Estado fortalecer este tipo de organizaciones.  

Finalmente, reafirmó su “compromiso de continuar trabajando por los derechos de las niñas, niños y adolescentes trabajadores, de su mano, y con su sabiduría, como actores sociales protagónicos del cambio para forjar un futuro mejor para las próximas generaciones”.