La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, reconoció hoy que en Bolivia se han producido muchos avances normativos y de política pública en favor de los pueblos indígena originario campesinos, pero advirtió que aún quedan muchos retos para que esta población ejerza plenamente todos sus derechos. 

“En Bolivia no se pueden negar los avances normativos y de política pública o del ejercicio de derechos de los pueblos indígena originario campesinos. Pasó de ser una población vulnerable a una estructura fundante del Estado Plurinacional. Sin embargo, todavía existen muchos retos.

No habrá Estado Plurinacional, no habrá Vivir Bien, si es que los pueblos indígena originario campesinos no ejercen plenamente todos sus derechos”, enfatizó Cruz al inaugurar el simposio “Desarrollo Normativo y Políticas Públicas en derechos de los pueblos Indígenas, en los componentes tierra y territorio, educación, salud, justicia y desarrollo integral”.

Este evento se desarrolla en el auditorio de la oficina nacional de la institución defensorial con la participación de  una delegación de Guatemala, integrada por seis servidores públicos de la Defensoría de Pueblos Indígenas de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, y tres miembros de  la ONG Justicia Educación y Sociedad de Guatemala.

Además, participan autoridades nacionales y representantes de la Fundación Construir, el Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara “Amuyta”, Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), Centro de Comunicación Cultural Chasqui, Periódico Pukara, e intelectuales aymaras, entre otros invitados.

En la inauguración de las exposiciones, que se realizará toda la jornada de este jueves, la Defensora del Pueblo hizo un repaso a las limitaciones con las que aún se enfrentan los pueblos indígenas originarios campesinos para el ejercicio de sus derechos en Bolivia.

Dijo que se ha emitido normativa en materia de tierra; pero el proceso de saneamiento de la propiedad agraria aún no termina de efectivizarse, pese a que son 26 años de la Ley INRA, 14 de la Ley de Reconducción Comunitaria y nueve de la Ley 450.

“Aún se presentan, y debemos decirlo con mucho dolor, relaciones servidumbrales, y situación de desprotección para pueblos indígenas en situación de no contacto”, advirtió la autoridad defensorial.

También señaló que no se cumplen a cabalidad las políticas públicas de educación intercultural y que, en algunos casos, y los currículos regionalizados siguen siendo buenas intenciones del Estado.

La autoridad defensorial advirtió la existencia de limitantes en las políticas públicas en materia de salud intercultural, por lo que aún no se materializa ese derecho, pues los médicos todavía diferencian la medicina intercultural para las áreas rurales y la medicina de las ciudades.

“La jurisdicción indígena originaria campesina ha sido limitada en sus alcances, y hay varias demandas de las organizaciones de los pueblos indígenas. Todavía nos falta caminar para lograr un pluralismo jurídico igualitario”, apuntó Cruz.

La Defensora indicó que existe un proceso lento en la implementación de las autonomías indígena originaria campesinas y que las organizaciones económicas de esta población sólo son consideradas desde una visión agropecuaria, y no desde otros ámbitos.

“En Bolivia se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas; sin embargo, se deben generar pausas para ver qué es lo que nos falta avanzar y cuánto de retroceso se ha tenido en los últimos años, a fin de buscar mejores condiciones para el ejercicio de los derechos de los pueblos indígena originario campesinos”, finalizó la autoridad defensorial.